Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 458 votos a favor, la reforma al artículo 127 constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” de extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas como Pemex y la CFE.
El dictamen establece que ninguna jubilación de servidores públicos podrá exceder la mitad de la remuneración del Presidente de la República, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales. Además, la reforma tendrá efectos retroactivos, por lo que las pensiones que actualmente superen ese monto deberán ajustarse al nuevo límite.
Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron la iniciativa por considerarla selectiva y violatoria del principio de no retroactividad de la ley. El diputado Alejandro Domínguez (PRI) señaló que la reforma afecta a trabajadores jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, mientras que mantiene intactos los privilegios de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Arturo Zaldívar.
“Esta iniciativa no es pareja porque no todos serán afectados por igual. Algunos van a conservar sus privilegios. Eso la convierte en una reforma selectiva, discrecional y clasista, con un sustento jurídico poco sostenible que viola la seguridad jurídica y abrirá la puerta a litigios masivos”, afirmó.
En defensa de la reforma, la diputada Lilia Aguilar (PT) argumentó que los altos montos en las pensiones se originaron por actos de corrupción y crecieron 157% entre 2018 y 2019. “Solamente en Luz y Fuerza del Centro hay 3 mil 504 personas que reciben más del salario de la presidenta en pensiones; en Pemex, 22 mil personas, y en CFE una situación similar”, expuso.
Por su parte, la diputada Maricela Silva (PVEM) destacó que en un país con grandes desigualdades no pueden existir pensiones exorbitantes financiadas con recursos públicos. “Actualmente, tres personas reciben jubilaciones superiores al millón de pesos mensuales, 67 perciben entre 500 mil y un millón, y más de 18 mil reciben entre 100 mil y 500 mil mensuales. Esto es una verdadera bofetada al pueblo”, dijo.
Desde el PAN, Cristina Márquez criticó que el gobierno federal destine más recursos a Cuba que los que supuestamente ahorrará con esta reforma. “Regalan a una dictadura 400 millones de dólares, alrededor de 8 mil millones de pesos, contra los 5 mil que dizque van a ahorrarse por estos ajustes”, señaló.
La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) advirtió que el corazón de la iniciativa es la retroactividad, motivada por la necesidad de recursos ante la crítica situación de las finanzas públicas. “Están dinamitando una vez más la certidumbre jurídica y despreciando el compromiso que el Estado mexicano asumió con personas que estuvieron a su servicio durante décadas”, expresó.
La reforma deberá ahora discutirse y votarse en lo particular antes de pasar al Senado de la República.
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