Chihuahua, Chih.- El diputado local de Morena, Pedro Torres Estrada, cuestionó en la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Chihuahua los elevados costos y el mantenimiento de esquemas de seguridad personal para servidores públicos, como escoltas y vehículos blindados, en contraste con la vulnerabilidad que enfrenta la ciudadanía en las calles.
Dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, el legislador destacó que, aunque la protección de funcionarios es necesaria en casos de riesgo real, existe una «hiperconcentración» de recursos destinados a la alta burocracia estatal, mientras los municipios demandan más presencia policial, mejores tiempos de respuesta y equipamiento básico para agentes preventivos.
«La seguridad no debe ser un privilegio de clase, sino un derecho ciudadano. No podemos permitir que, mientras el ciudadano común se siente vulnerable en las calles, los funcionarios públicos se trasladen en burbujas de acero pagadas con los impuestos de quienes hoy carecen de paz», expresó Torres Estrada.
El legislador enfatizó que la asignación de estos esquemas debe basarse en criterios objetivos, transparentes y estrictamente justificados, ya que involucran recursos humanos, materiales y financieros del erario público.
En ese sentido, presentó un pliego de 19 preguntas que deberán ser respondidas a la brevedad por las autoridades correspondientes. Entre los principales cuestionamientos se encuentran:
- Número actual de funcionarios del Gobierno del Estado que cuentan con escoltas o protección personal, así como sus cargos o niveles jerárquicos.
- Criterios institucionales o normativos para asignar escoltas.
- Existencia y descripción de un protocolo de evaluación de riesgo previo a la asignación.
- Dependencia encargada de autorizar y supervisar estos esquemas.
- Cantidad de elementos de seguridad asignados a labores de escolta, promedio por funcionario protegido y el máximo asignado a uno solo.
- Justificación y fundamento legal para otorgar escoltas y vehículos a familiares de funcionarios (cónyuges o hijos).
- Número de vehículos oficiales y blindados asignados a protección personal, adquisiciones durante la administración actual y costos individuales.
- Gastos anuales aproximados en sueldos, prestaciones, viáticos del personal de escolta, así como en mantenimiento, combustible y operación de vehículos.
- Presupuesto total anual destinado a seguridad personal de funcionarios y porcentaje que representa del total de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
- Consideración de un plan de reducción de escoltas para funciones sin riesgo directo, en línea con una política de austeridad republicana.
- Número de titulares de órganos autónomos que cuentan con estos esquemas.
Torres Estrada subrayó que estas interrogantes buscan transparentar el uso de recursos públicos y priorizar la seguridad ciudadana sobre privilegios burocráticos.
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