El Paso, Texas. Una organización criminal integrada por tres miembros de una misma familia y un colaborador operaba un esquema de contrabando de menores indocumentados desde Ciudad Juárez hasta El Paso, sedándolos con gomitas impregnadas de tetrahidrocannabinol, el principio activo de la marihuana, para facilitar su paso por los puentes internacionales. La investigación federal, iniciada en mayo de 2024 y culminada en octubre del mismo año, resultó en la imputación de cuatro personas, con uno de ellos declarando culpable recientemente.
En un avance reciente, el seis de noviembre de 2025, Valenzuela se declaró culpable ante un tribunal federal por conspiración en transporte de indocumentados y tres cargos de asistencia en contrabando por lucro. Enfrenta una pena mínima de once años de prisión, según pautas federales, con sentencia pendiente. Los demás acusados, procesados por conspiración para transportar y introducir aliens con fines de lucro, permanecen bajo custodia, con audiencias en curso.
Autoridades federales subrayan que esta desarticulación resalta los peligros del tráfico infantil en la frontera, donde los menores enfrentan no solo riesgos migratorios, sino exposición a sustancias controladas. La cooperación entre agencias de ambos lados de la frontera fue clave, aunque no se prevén despliegues militares adicionales contra redes similares, según declaraciones diplomáticas recientes.
La red, desarticulada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas, ponía en riesgo la vida de niños de entre cinco y trece años, expuestos a envenenamientos y desorientación durante los cruces. Documentos judiciales del Distrito Oeste de Texas revelan que los traficantes utilizaban documentos falsos para hacerse pasar por padres de los menores, afirmando que estos poseían ciudadanía estadounidense. Una vez en territorio norteamericano, los niños eran entregados a receptores locales a cambio de pagos que oscilaban los novecientos dólares por cabeza.
Modo de operación: engaños documentales y sedación forzada
El esquema se activaba en Juárez, donde Susana Guadián, de cincuenta años y nacionalidad mexicana, reclutaba a conductores dispuestos a asumir roles parentales. Su esposo, Daniel Guadián, también de cincuenta años, coordinaba el traslado vehicular hasta los puertos de entrada. En El Paso, su hija Dianne Guadián, de treinta y dos años y ciudadana estadounidense, recibía a los menores, mientras Manuel Valenzuela, residente permanente de treinta y cinco años en la misma ciudad, gestionaba los abonos a los «coyotes» o guías.
Un incidente clave ocurrió el diecisiete de octubre de 2024 en el puente de las Américas. Dos cómplices, identificados en los expedientes como CC2 y CC3, intentaron ingresar con cuatro niños de dos, cinco, nueve y doce años. Solo el de dos pertenecía realmente a uno de ellos; los restantes eran víctimas de la red. Antes del cruce, CC3 distribuyó gomitas con tetrahidrocannabinol a los de cinco, nueve y doce años para inducir somnolencia. El mayor rechazó consumirlas, pero los otros dos presentaron síntomas graves al ser inspeccionados por la Patrulla Fronteriza.
Los agentes detectaron irregularidades y derivaron a los niños a un centro médico, donde diagnosticaron envenenamiento por ingestión de drogas, incluyendo marihuana, requiriendo atención de emergencia. Pruebas en las gomitas restantes confirmaron la presencia de cannabis. En los dispositivos confiscados, se hallaron imágenes de los menores como «pruebas de vida» para notificar a clientes el éxito del traslado, junto con mensajes en Facebook Messenger entre CC2 y una contactada como «Ella», presuntamente Susana Guadián. En esas charlas, se asignaban menores con descripciones como «tengo un niño de siete y ocho, están chaparritos» o «también tengo dos niñas de cuatro y cinco».
CC2 confesó haber participado en tres operaciones previas para la organización, recibiendo pagos por adelantado. CC3 admitió haber introducido exitosamente a siete niños mediante el mismo procedimiento. La pesquisa, que abarcó meses de vigilancia, expuso la conexión con organizaciones más amplias de contrabando, aunque no se vinculó directamente con cárteles mayores.
