Albuquerque, Nuevo México.- Las autoridades federales de Estados Unidos han acusado a cinco hombres –Maxwell Jensen, Thomas Rees, Christopher Ortega, Germán Ortiz-Santillano y Christian Jesús Contreras Varela– por su presunta participación en una sofisticada conspiración para robar y revender petróleo crudo de oleoductos operados por Plains All American Pipeline en Nuevo México, con distribución ilícita hacia el oeste de Texas.
La operación, descubierta tras una investigación iniciada en junio de 2025 por la Oficina de Administración de Tierras (BLM), involucró el robo de millones de dólares en crudo durante un período de aproximadamente cuatro semanas, con pérdidas significativas para la industria energética en el Permian Basin, una de las regiones petroleras más productivas del país.
La investigación comenzó tras recibir información confidencial que alertó a los agentes especiales de la BLM sobre actividades sospechosas en las instalaciones de Plains All American Pipeline. Durante el operativo, que incluyó vigilancia en campo, dispositivos de rastreo GPS instalados en camiones y grabaciones de conversaciones telefónicas, las autoridades documentaron más de 20 robos de petróleo crudo. Los sospechosos extraían cientos de barriles diarios, cada cargamento valuado en decenas de miles de dólares, los cuales eran transportados desde un patio de almacenamiento en Carlsbad, Nuevo México, hacia instalaciones en el oeste de Texas para su reventa en el mercado negro.
Cada uno de los acusados desempeñó un rol específico en la conspiración. Maxwell Jensen, identificado como el líder, coordinó la operación, desde la planificación hasta la distribución, y se sospecha que podría estar vinculado a casos previos de contrabando en Texas. Thomas Rees, propietario de Hound Dog Energy, gestionaba el patio en Carlsbad donde se almacenaba el crudo robado, emitiendo recibos de carga fraudulentos para encubrir el origen ilícito del petróleo. Christopher Ortega supervisaba la logística en campo, dirigiendo a los camioneros, falsificando documentación y buscando expandir la red criminal a otros estados. Germán Ortiz-Santillano, empleado de Plains All American Pipeline, abusó de su posición para facilitar el acceso a las estaciones de raspado (pigging stations), proporcionando información privilegiada sobre horarios y puntos vulnerables.
Por su parte, Christian Jesús Contreras Varela, de nacionalidad mexicana, era el encargado de conducir camiones de vacío para sifonar el crudo directamente de los oleoductos y transportarlo al patio de Carlsbad.
El esquema generó ganancias millonarias, aprovechando el alto valor del crudo en 2025 (estimado en $70-80 por barril). Sin embargo, las operaciones no solo causaron pérdidas económicas, sino que también representaron riesgos ambientales, como posibles derrames durante los robos. Este caso se distingue de otros incidentes en la región, como los relacionados con carteles mexicanos, ya que se centró en robos internos en infraestructura estadounidense, aunque las autoridades no descartan investigar posibles conexiones transfronterizas.
Los cinco hombres enfrentan cargos federales por transporte interestatal de propiedad robada, complicidad y robo de petróleo crudo, con penas potenciales de hasta 10 a 15 años de prisión, además de multas sustanciales y la obligación de restituir daños. Christian Jesús Contreras Varela enfrenta un cargo adicional por posesión ilegal de arma de fuego y municiones como extranjero, lo que podría añadir hasta 10 años más a su sentencia y derivar en su deportación tras cumplir una condena. Todos los acusados permanecen bajo custodia federal sin fianza, a la espera de un juicio cuya fecha aún no ha sido programada.
Las autoridades han intensificado la seguridad en el Permian Basin, colaborando con empresas como Plains All American para implementar tecnologías como sensores avanzados en oleoductos y aumentar patrullajes.
Este caso subraya la vulnerabilidad de la infraestructura energética crítica y la necesidad de medidas preventivas más robustas. Para actualizaciones, se recomienda seguir los comunicados oficiales del Departamento de Justicia de EE.UU. (justice.gov) o de la BLM.
