El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República.
El aval se dio con 91 votos a favor, mientras que Bernardo Bátiz obtuvo nueve y Verónica de Gyves, cero.
Para el colectivo @FiscalíaQueSirva «esta designación es producto de un proceso sumamente cuestionado y apresurado que confirma la poca independencia de quien fue elegido con respecto del Ejecutivo Federal».
«Resulta lamentable que a pesar de la disposición de la sociedad civil para aportar elementos de certidumbre al proceso, los legisladores hayan recurrido a prácticas viciadas que no hacen más que alejarnos de una justicia en la que las y los mexicanos podamos confiar», señaló el colectivo en un comunicado.
Desde el inicio del proceso, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás y el Observatorio Designaciones Públicas «colocamos en la agenda pública la poca certeza que brindaba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado».
«Principalmente nos referimos a la debilidad de los estándares relacionados con el mérito, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Estos elementos son indispensables para dotar de legitimidad la designación de la persona que será responsable por los próximos nueve años de garantizar justicia, combatir la corrupción y acabar con el ciclo de impunidad que prevalece en el país».
Agregó que «esta decisión y la manera en que fue tomada confirman una designación ya definida con antelación, en un proceso que fue ajustándose sobre la marcha y que atentó seriamente contra la certeza jurídica y la confianza ciudadana en la decisión».
«La falta de transparencia sobre los criterios bajo los cuales se realizó la valoración de los 27 perfiles, primeramente, y de la terna, posteriormente por el Ejecutivo y el Senado; así como el poco cuidado con las formas y tiempos apresurados evidenciaron el desdén de los órganos legislativo y ejecutivo por la deliberación pública y por una efectiva rendición de cuentas sobre esta relevante decisión», según el posicionamiento.
En consecuencia «las y los senadores y el Presidente de la República le quedan a deber a la sociedad para avanzar hacia una #FiscalíaQueSirva. Todos hemos perdido una gran oportunidad para realizar una designación a partir de estándares internacionales; por el contrario hemos sido testigos de un retroceso grave sobre elementos ya garantizados en Legislaturas anteriores. En su lugar, se privilegió la cercanía y la reproducción de prácticas que no abonan a transformar el país que merecemos».
Sin embargo, señalaron, «es importante enfatizar que a pesar de los vicios denunciados en el proceso tanto los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás como el Observatorio Designaciones Públicas nos mantendremos en una posición de acompañamiento crítico del proceso de implementación de la nueva Fiscalía General de la República, así como del desempeño del nuevo Fiscal General».
«Deseamos recordar a la opinión pública que durante las mesas que condujeron a la redacción de la nueva Ley orgánica de la FGR se acordaron una serie de reformas constitucionales pendientes necesarias para un mejoramiento paulatino de la eficacia de la nueva FGR. Hacemos un llamado a las y los legisladores para que cumplan su palabra y llevemos a cabo este trabajo de manera conjunta en el siguiente periodo ordinario de sesiones», exponen.
«Con la tranquilidad de haber realizado aportaciones cualitativas a un proceso fundamental para nuestra democracia estamos convencidos de que las transformaciones sociales no pueden construirse unilateralmente ni con una sola visión. Por ello persistiremos en nuestra crítica responsable y constructiva para contribuir a crear un país más justo para todas y todos», de acuerdo con el colectivo.
