Minneapolis, Minnesota.- La decisión del gobierno de Donald Trump de retirar a los agentes federales de inmigración de Minneapolis marca un repliegue inesperado en su agenda de deportaciones masivas, impulsado por una resistencia organizada, la muerte de dos manifestantes y el creciente rechazo incluso entre republicanos.
El 12 de febrero de 2026, el zar fronterizo Tom Homan confirmó el cierre definitivo de la “Operation Metro Surge”, que había desplegado hasta 3.000 agentes en Minnesota desde diciembre de 2025. La operación terminó tras dos meses de manifestaciones intensas, detenciones masivas y la muerte por disparos de dos ciudadanos estadounidenses —Renee Nicole Good y Alex Pretti— a manos de agentes federales en enero.
El repliegue comenzó el 4 de febrero con la salida de 700 agentes, y se completó en medio de amenazas de cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de fondos y encuestas que mostraban un rechazo creciente a las tácticas de ICE. Aliados de Trump, como el senador Ron Johnson, reconocieron la eficacia de la “izquierda” en organizar protestas y capitalizar las muertes como “mártires”.
Varios republicanos mostraron cautela ante el tema. Susan Collins (Maine) se atribuyó el mérito de haber convencido a ICE de abandonar su estado. Roger Wicker (Misisipi) rechazó nuevos centros de detención. Rand Paul habló de una “desescalada diplomática”, y Don Bacon (Nebraska) lamentó que un asunto antes con apoyo 70-30 se hubiera vuelto impopular incluso dentro del partido.
En Minnesota, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey destacaron la resistencia local como factor decisivo. Frey afirmó que el gobierno federal subestimó la determinación de los ciudadanos de Minneapolis. Chris Madel, excandidato republicano a gobernador, calificó la operación de “desastre” motivado por venganza política.
Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICEUn artículo jurídico de 1987, escrito por un académico que luego se convertiría en jurista destacado, ha resurgido como posible herramienta para demandar a agentes de ICE por violaciones constitucionales. El texto propone que los estados autoricen demandas civiles directas contra funcionarios federales cuando actúen sin base legal o vulneren derechos, cerrando un vacío que suele proteger a los agentes de responsabilidad personal.
Expertos indican que esta vía permitiría a ciudadanos y gobiernos estatales demandar individualmente a agentes por abusos durante operaciones como la de Minnesota. Grupos de derechos civiles en varios estados ya exploran su aplicación para superar la inmunidad federal y exigir rendición de cuentas en futuras acciones migratorias.
Demócratas como Raja Krishnamoorthi interpretan la retirada como prueba de que Trump, como populista, cede ante impopularidad masiva. La presión pública en Minneapolis demostró límites a su agenda y podría replicarse en otras ciudades. Aunque Homan insistió en que no hay cambio de postura, el repliegue representa una rara concesión ante la resistencia organizada.
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