Monterrey, Nuevo León.- La mañana del 2 de enero de 2026, Leonardo Ariel Escobar, académico colombiano de 42 años, llamó a su pareja, Jorge Landa, para informarle que acababa de quedar en libertad tras una detención en el aeropuerto internacional de Monterrey, Nuevo León. Minutos después de colgar, el rastro del docente se perdió por completo.
Escobar había llegado el 31 de diciembre desde Bogotá, Colombia, donde pasó las fiestas navideñas. Según la versión oficial, la Guardia Nacional lo detuvo el mismo día de su arribo y lo puso a disposición de la Policía Municipal de Apodaca por “faltas administrativas” no precisadas. Un juez cívico ordenó 36 horas de arresto, que concluyeron a las 7:30 de la mañana del 2 de enero. Tras su liberación, Escobar regresó al aeropuerto con ropa distinta; allí quedó abandonada su maleta.
El docente, nacido en Barranquilla, residía en México desde hace más de diez años. Realizó una maestría en Estudios de Arte y Literatura y un doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 2025 obtuvo una plaza de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde debía reincorporarse el 6 de enero. Nunca llegó.
El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) denunció indicios de participación de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Policía de Apodaca, y exigió respuestas claras. El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó la detención y liberación, pero evitó detalles. La Secretaría de Defensa no ha respondido solicitudes de información.,
El aeropuerto de Monterrey, donde ocurrió la detención, cuenta con múltiples cámaras de videovigilancia, sin embargo, ni la Marina (administradora del recinto), la Guardia Nacional ni el INM han entregado grabaciones. Tampoco existe registro de la detención en el Registro Nacional de Detenciones, requisito obligatorio por ley.
El abogado Simón Hernández, de la misma universidad, denuncia opacidad y posibles abusos por parte de la Guardia Nacional que estarían siendo encubiertos. La Ibero Puebla convocó una movilización pacífica el viernes 16 de enero, con bloqueos intermitentes en el bulevar del Niño Poblano para exigir la presentación con vida del profesor.
El caso se suma a la grave crisis de desapariciones en México, que registra 132.871 personas no localizadas, entre ellas 284 migrantes. La Cancillería colombiana y el cónsul en Ciudad de México acompañan a la familia y han encontrado receptividad en las autoridades mexicanas.
Hasta el momento, la investigación sigue en desarrollo sin avances significativos públicos. La comunidad académica y la familia demandan transparencia y justicia.
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