Chihuahua, Chihuahua. – Dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua han recibido y difundido denuncias sobre presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores de programas sociales, funcionarios municipales y elementos de corporaciones policiacas para participar en la marcha convocada por Morena este sábado 16 de mayo, la cual busca exigir juicio político y desafuero de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. 
La movilización, anunciada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, partirá de la Glorieta de Pancho Villa hacia el centro de la capital del estado. El partido oficialista la ha enmarcado como una defensa de la soberanía nacional ante la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, en el que fallecieron dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Morena acusa a la mandataria panista de “traición a la patria” por supuestamente permitir esa intervención extranjera sin informar al gobierno federal.
Según reportes recabados por el PAN estatal, militantes y trabajadores vinculados a Morena o a programas federales habrían sido objeto de coacción. El coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez Madrid, señaló que en varios municipios se estaría exigiendo a “siervos de la nación” y personal de Bienestar incorporar al menos a ocho personas cada uno para asistir al evento, bajo amenaza de bajas laborales o represalias. “Han llegado audios, publicaciones en redes y reportes de puntos de reunión y transporte organizado”, indicó el legislador, quien llamó a los trabajadores a no dejarse presionar y recordó la protección que otorgan las leyes laborales.
Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, aseguró haber recibido mensajes y conversaciones en las que se solicita o exige la presencia de funcionarios municipales y policías para la marcha. “Obligan principalmente a la Policía Municipal a abandonar sus funciones para ir en calidad de acarreados”, denunció, al tiempo que expresó preocupación por la posible desatención a la seguridad ciudadana durante el evento. Álvarez pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante y canalizar cualquier evidencia adicional.
Morena ha rechazado categóricamente las acusaciones de “acarreo”. Legisladores federales del partido, como Arturo Ávila y Gabriel García Hernández, han insistido en que las marchas del movimiento son “orgánicas” y surgen del pueblo, no de estructuras de movilización forzada. “Morena convoca, invita y la gente decide si asiste o no”, afirmaron en conferencia desde la Ciudad de México.
El caso ocurre en un contexto de alta tensión política entre el gobierno estatal panista y el partido oficialista. La gobernadora Campos Galván ha defendido el operativo de seguridad, negado acuerdos irregulares y asegurado que su administración no tiene “nada que esconder”, mientras continúa el combate al crimen organizado. El PAN ha calificado las acciones de Morena como una cortina de humo ante otros escándalos nacionales y ha retado al partido a impulsar formalmente el juicio político.
Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante autoridades electorales o laborales por parte de los presuntos afectados, aunque los panistas han llamado a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales con fines partidistas.
La movilización, anunciada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, partirá de la Glorieta de Pancho Villa hacia el centro de la capital del estado. El partido oficialista la ha enmarcado como una defensa de la soberanía nacional ante la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, en el que fallecieron dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Morena acusa a la mandataria panista de “traición a la patria” por supuestamente permitir esa intervención extranjera sin informar al gobierno federal.
Según reportes recabados por el PAN estatal, militantes y trabajadores vinculados a Morena o a programas federales habrían sido objeto de coacción. El coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez Madrid, señaló que en varios municipios se estaría exigiendo a “siervos de la nación” y personal de Bienestar incorporar al menos a ocho personas cada uno para asistir al evento, bajo amenaza de bajas laborales o represalias. “Han llegado audios, publicaciones en redes y reportes de puntos de reunión y transporte organizado”, indicó el legislador, quien llamó a los trabajadores a no dejarse presionar y recordó la protección que otorgan las leyes laborales.
Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, aseguró haber recibido mensajes y conversaciones en las que se solicita o exige la presencia de funcionarios municipales y policías para la marcha. “Obligan principalmente a la Policía Municipal a abandonar sus funciones para ir en calidad de acarreados”, denunció, al tiempo que expresó preocupación por la posible desatención a la seguridad ciudadana durante el evento. Álvarez pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante y canalizar cualquier evidencia adicional.
Morena ha rechazado categóricamente las acusaciones de “acarreo”. Legisladores federales del partido, como Arturo Ávila y Gabriel García Hernández, han insistido en que las marchas del movimiento son “orgánicas” y surgen del pueblo, no de estructuras de movilización forzada. “Morena convoca, invita y la gente decide si asiste o no”, afirmaron en conferencia desde la Ciudad de México.
El caso ocurre en un contexto de alta tensión política entre el gobierno estatal panista y el partido oficialista. La gobernadora Campos Galván ha defendido el operativo de seguridad, negado acuerdos irregulares y asegurado que su administración no tiene “nada que esconder”, mientras continúa el combate al crimen organizado. El PAN ha calificado las acciones de Morena como una cortina de humo ante otros escándalos nacionales y ha retado al partido a impulsar formalmente el juicio político.
Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante autoridades electorales o laborales por parte de los presuntos afectados, aunque los panistas han llamado a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales con fines partidistas.
La marcha del sábado se perfila como un termómetro de la capacidad de convocatoria de Morena en un estado gobernado por la oposición, en medio de un año marcado por fuertes pugnas entre la 4T y gobiernos locales panistas. Las autoridades estatales han señalado que respetarán el derecho a la manifestación siempre que se realice de forma pacífica y sin afectar el orden público.
Autor
PUBLICIDAD
