Denuncia por peculado a Cruz
Este miércoles, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunto uso indebido de recursos públicos. La acción fue liderada por la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, quien estuvo acompañada por figuras clave del partido como el coordinador parlamentario Alfredo Chávez Madrid, la diputada Xóchitl Contreras Herrera y el secretario general Rafa Jaime. Esta medida busca esclarecer el manejo de fondos municipales en actividades que podrían interpretarse como promoción personal.
Entrega de juegos infantiles bajo escrutinio
La denuncia se origina en un evento del jueves 30 de octubre, donde Pérez Cuéllar, junto con el regidor morenista Hugo González Muñiz, entregó juegos metálicos a varios jardines de niños en la ciudad de Chihuahua. Álvarez Hernández destacó que los artículos portan leyendas alusivas a la figura política del alcalde, lo que podría configurarse como un acto anticipado de campaña financiado con erario público. La líder panista enfatizó la necesidad de que la Auditoría Superior del Estado investigue exhaustivamente el origen de estos recursos para evitar el desvío de fondos destinados al bienestar ciudadano.
Llamado a la vigilancia ciudadana
Durante la conferencia, Álvarez Hernández hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para documentar y reportar similares irregularidades, aludiendo incluso a prácticas reminiscentes de otros políticos controvertidos, como la distribución de cachuchas y playeras con fines promocionales. Posteriormente, la comitiva panista se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción para ratificar la queja por el uso presunto de bienes públicos con fines personales. Además, el partido anunció que interpondrá otra denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, argumentando abandono de funciones por parte del alcalde al realizar estas actividades en horario laboral y fuera de su jurisdicción, utilizando recursos municipales.
Descontrol en el DIF de Juárez
El reciente accidente del camión Rabón con placas vencidas de Texas, propiedad del DIF municipal dirigido por Rubí Enríquez, no es un mero percance vial, sino un reflejo alarmante del desorden administrativo que permea esta dependencia. El choque contra una unidad del JuárezBus en la avenida 16 de Septiembre expuso no solo la imprudencia del conductor, sino una vulnerabilidad sistémica: vehículos «chuecos» circulando sin regularización, violando normativas federales y estatales que exigen el cumplimiento de importaciones legales. Este incidente, resalta cómo el DIF prioriza la opacidad sobre la seguridad pública, utilizando recursos públicos en activos extranjeros no declarados que podrían haber sido canalizados a programas sociales reales. La ausencia de sanciones inmediatas por parte de las autoridades de tránsito sugiere un blindaje político, donde el parentesco de Enríquez con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar actúa como escudo contra la rendición de cuentas. En un municipio fronterizo como Juárez, donde la migración y el comercio transfronterizo demandan transparencia, este episodio erosiona la confianza ciudadana y cuestiona si el DIF sirve más a intereses familiares que a los vulnerables.
La nómina como botín familiar
El manejo de la nómina en el DIF municipal bajo Rubí Enríquez destila un nepotismo descarado que transforma la institución en un feudo familiar, donde los apellidos Enríquez y allegados copan plazas sin méritos aparentes. Casos como el de Jaime Flores Castañeda, un priista que cobró sin laborar durante tres años en la primera administración de Pérez Cuéllar y que ahora se dedica al «huachicoleo» en la OMEJ, ilustran cómo los «aviadores» anidan en la estructura, drenando fondos destinados a la asistencia social. Esta práctica no solo viola principios de austeridad promovidos por Morena, sino que perpetúa un ciclo de corrupción heredado de gestiones previas, amplificado por la inercia de la actual. Denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque enfocadas en administraciones pasadas, claman por una auditoría integral que revele la red de familiares y compadres en nóminas infladas. En un contexto donde el DIF debería ser baluarte de equidad, el favoritismo familiar no solo desangra el erario, sino que deslegitima esfuerzos genuinos de apoyo a sectores marginados, convirtiendo la dependencia en un ejemplo paradigmático de lo que Pérez Cuéllar prometió erradicar.
Millones para despensas y nóminas dudosas
La reasignación de 21 millones de pesos al DIF aprobada por el Cabildo el 7 de octubre de 2025, de los cuales 11.4 millones se destinaron a 22 mil despensas y 9.6 a nómina, representa un movimiento presupuestal que huele a improvisación y posible desvío. Aunque justificada como apoyo a grupos vulnerables, esta inyección —parte de un ajuste mayor de 163 millones en el Presupuesto de Egresos 2025— ignora alertas sobre aviadores y familiares en la nómina, financiando potencialmente cheques fantasma en lugar de soluciones estructurales. La opacidad en la ejecución, sin reportes detallados de impacto, alimenta sospechas de que estos recursos sirven más para maquillar logros electorales que para combatir la pobreza real en Juárez. Órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior del Estado deberían escudriñar estos flujos, especialmente ante el patrón de reasignaciones recurrentes que benefician al DIF sin métricas claras de eficacia.
Campaña anticipada sin control
La entrega de despensas por parte de Cruz Pérez Cuéllar en Nuevo Casas Grandes y Galeana el fin de semana pasado, a nombre de Rubí Enríquez y con mantas del DIF municipal, no fue un acto filantrópico aislado, sino un burdo intento de precampaña para la gubernatura de Chihuahua por Morena, realizado sin acuerdo formal en Cabildo. Estos «apoyos humanitarios» —incluyendo víveres, agua y cobijas para damnificados— utilizaron empleados y recursos municipales en municipios ajenos. La ausencia de transparencia en el origen de estos bienes, posiblemente de las recientes compras masivas con fondos reasignados, sugiere un uso indebido del erario para comprar lealtades políticas, en detrimento de necesidades locales en Juárez. Este despliegue, documentado en videos y redes sociales, expone la hipocresía de un alcalde que clama transformación mientras practica el viejo clientelismo que juró combatir. Fiscales y el INE deben intervenir para evitar que el DIF se convierta en maquinaria electoral, recordando que la verdadera asistencia social no se mide en fotos virales, sino en impacto sostenido.
El fantasma del suegro y el rechazo popular
La visita de Cruz Pérez Cuéllar a Chihuahua capital para la final de la Copa Urban en el complejo «La Cerve» terminó en un fiasco público, donde su suegro Jaime Enríquez —exdirector de Vialidad envuelto en escándalos de corrupción— solicitó aplausos y cosechó rechiflas, mentadas y abucheos de los asistentes. Este episodio, ocurrido hace dos días, no solo evidenció la baja convocatoria del evento —pocos espectadores para un torneo de fútbol rápido—, sino que revivió las «travesuras» del suegro, acusado formalmente por una de sus hijas de irregularidades en su gestión, incluyendo presuntos desvíos durante la administración de Marco Bonilla. La porra oficial, que incluyó simpatizantes de Quezada, no pudo contener el descontento popular, que percibe a Pérez Cuéllar como heredero de un linaje polémico más que como renovador. En un estado donde la corrupción vial y familiar aún duele, este rechazo subraya los riesgos de su aspiración gubernamental: arrastrar el lastre de aliados cuestionables erosiona su narrativa morenista. Para aspirantes a gobernador, el mensaje es claro: el pasado familiar no se borra con discursos, y Chihuahua no olvida fácilmente las sombras de la impunidad.
El espectacular de Valenciano
En un movimiento que ha captado la atención de la opinión pública, un imponente espectacular con la imagen del alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, ha sido instalado en el concurrido corredor La Cantera de la ciudad de Chihuahua, promocionando una exclusiva entrevista publicada en la revista Pro Chihuahua. La lona, visible para miles de conductores diariamente en una de las arterias viales más transitadas de la capital, muestra el rostro sonriente del edil panista junto al logotipo del medio impreso y un llamado directo a «ver la conversación», lo que invita a los transeúntes a explorar el contenido de la nota. Esta inesperada presencia fuera de los límites municipales de Delicias, donde Valenciano ejerce su mandato desde 2021, ha desatado un torbellino de especulaciones en redes sociales y círculos políticos, con muchos interpretándolo como un audaz paso para elevar su perfil más allá de su base local.
Estrategia temprana rumbo al 2027
La aparición del anuncio se enmarca en un panorama regional donde otros alcaldes chihuahuenses, como los de Ciudad Juárez y la propia Chihuahua capital, han enfrentado acusaciones similares por presuntos actos de promoción anticipada, lo que posiciona a Valenciano como un nuevo actor en este delicado juego de visibilidad. Con elecciones estatales en el horizonte para 2027, donde el PAN busca consolidar su influencia en el estado, expertos en comunicación política sugieren que esta jugada podría ser parte de una estrategia calculada para tejer alianzas y captar simpatizantes en la metrópoli, aprovechando el carisma del alcalde —un empresario de 44 años que busca proyectarse como opción viable en escenarios mayores. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento oficial sobre la financiación del espectacular —si proviene de recursos municipales o es una iniciativa privada— mantiene el debate abierto, recordando controversias pasadas donde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ha investigado usos indebidos de fondos públicos en campañas tempranas
Minimización del reajuste legislativo
El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, adopta una postura de aparente indiferencia ante el reciente cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de Chihuahua, donde el PAN asume una curul del PRI, elevando su representación a 13 legisladores frente a los 12 de Morena. Esta narrativa de «no altera nada» parece un intento deliberado de restar peso político al movimiento, ignorando que, en un Legislativo fragmentado, un voto puede inclinar balances en comisiones clave o en votaciones ajustadas. Estrada Sotelo apela a la «estadística del Congreso» para argumentar la inexistencia de divergencias entre PAN y PRI, pero esta visión simplista oculta cómo tales alianzas informales —conocidas como «prianismo»— han sido históricamente un mecanismo de control opositor, no una mera coincidencia ideológica. Criticar esta minimización revela una estrategia de Morena para desmovilizar la percepción de amenaza, cuando en realidad fortalece la narrativa de un bloque conservador más cohesionado.
Estrategia de supervivencia
El legislador morenista califica el traspaso de Jaime Torres Amaya como un «reacomodo formal» que no suma «un voto más» al prianismo, insistiendo en que PRI y PAN mantienen el mismo poder numérico. Esta interpretación técnica evade el simbolismo político: la deserción de un priista hacia el PAN no solo erosiona la ya debilitada estructura del PRI —reducida a tres curules—, sino que acelera su absorción por el panismo, consolidando un polo opositor más monolítico. Estrada Sotelo lo reduce a «discusiones y pleitos entre hermanos», un comentario condescendiente que despolitiza el evento y lo convierte en un drama interno, ignorando las implicaciones para la pluralidad legislativa. Una lectura crítica revela aquí una oportunidad perdida para Morena: en lugar de explotar las fracturas del PRI, se opta por la complacencia, lo que podría costarles en futuras reformas locales donde la oposición unificada podría vetar iniciativas.
Implicaciones para el PRI
Finalmente, al delegar al PRI la responsabilidad de «asumir esa pérdida», Estrada Sotelo externaliza el conflicto, pero esto ignora el contexto más amplio de declive del tricolor en Chihuahua, un estado donde su influencia histórica se desvanece ante la polarización entre Morena y PAN. Con solo tres legisladores restantes, el PRI enfrenta no solo una crisis numérica, sino existencial: ¿se diluirá en el PAN o intentará un renacer autónomo? Esta pregunta, que el morenista evade con ironía, es crucial para entender la volatilidad del Congreso local. Criticar esta omisión pone en evidencia cómo Morena, pese a su retórica transformadora, subestima el potencial disruptivo de un PRI desesperado, capaz de alianzas tácticas impredecibles.
El apoyo político como deuda pendiente
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) en Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, no oculta las raíces de su ascenso: un respaldo explícito del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien intervino públicamente en junio de 2025 para defenderlo ante las sanciones impuestas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO). Este apoyo, que Pérez ha calificado como un «diálogo necesario», parece haber sido el precio por una lealtad inquebrantable. En un contexto donde la CANACO Juárez rompió relaciones con el liderazgo nacional por desacuerdos en temas como la inclusión en consejos técnicos del IMSS e Infonavit, Pérez Ruiz no solo aceptó el salvavidas del municipio, sino que lo transformó en una herramienta para saldar cuentas. Críticos argumentan que esta alianza revela un conflicto de intereses evidente, donde un organismo supuestamente neutral se convierte en extensión de la agenda municipal, erosionando su credibilidad ante un sector empresarial que demanda independencia y no favores recíprocos.
La CANACO como ariete contra el estado
Bajo el mando de Iván Pérez, la CANACO ha escalado su retórica contra la administración estatal de Chihuahua, señalando repetidamente la «falta de resultados» en materia de seguridad, como en las declaraciones post-masacre en una tortillería en octubre de 2025, donde exigió mayor coordinación intergubernamental. Sin embargo, esta postura no surge en el vacío: coincide con un patrón de ataques selectivos que benefician al alcalde Pérez Cuéllar, quien ha utilizado foros como el Foro Forbes Economía y Negocios para posicionarse como el «líder unificador» frente a un estado donde es percibido como ineficaz. El uso de la cámara como «ariete» —término preciso para describir esta embestida— ignora las complejidades de la seguridad fronteriza, como el repunte de secuestros y robos que afecta al 95% de los afiliados según encuestas internas de CANACO. Esta instrumentalización no solo politiza un tema vital, sino que distrae de soluciones concretas, como los convenios firmados en julio de 2025 con el municipio para agilizar trámites, que priorizan el consumo local.
La conminación al Fiscal, una provocación
El dicho de Iván Pérez al «conminar» —es decir, urgir de manera imperativa— al Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, a reunirse con representantes del sector empresarial, como ocurrió en agosto de 2025 durante una sesión donde se expusieron «inquietudes» sobre el 911 y extorsiones, roza lo inapropiado. Pérez abundó en su postura con frases como «no vamos a soltar la situación», evocando una terquedad que más parece ultimátum que diálogo constructivo. Aunque la reunión derivó en compromisos para reforzar investigaciones, este enfoque confrontacional ignora el delicado equilibrio entre poderes: el fiscal ya había presentado avances en octubre de 2023 y reiterado en 2025 su compromiso con la denuncia formal de robos. Responder directamente a estos reclamos, como sugiere Pérez, no es aconsejable; fomenta una dinámica de presión pública que debilita la imparcialidad judicial y expone a la CANACO a acusaciones de sesgo político, especialmente cuando el alcalde ha respaldado públicamente estas «mesas de diálogo» para desviar culpas.
Juárez merece seguridad, no dimes y diretes
Ciudad Juárez, con su historia de violencia cíclica —desde masacres hasta el incremento de secuestros reconocido por las autoridades en abril de 2025—, anhela una seguridad genuina que trascienda los «dimes y diretes» de figuras que priorizan intereses particulares. La retórica de Iván Pérez, respaldada por el alcalde, contribuye poco a este fin: en lugar de fomentar unidad, como clamó en septiembre de 2025 al pedir no politizar la seguridad tras conflictos con la SSPE, genera divisiones que benefician narrativas electorales. Empresarios locales, inconformes con la Ley de Amparo y operativos del IMPI, demandan acciones como la integración a la mesa estatal de seguridad propuesta en noviembre de 2025, no presiones mediáticas que sirvan de ariete. Responder a estos reclamos con complacencia solo perpetúa un ciclo vicioso; Juárez requiere coordinación tripartita —municipal, estatal y federal— libre de lealtades personales, para que el «cambio siga» no sea slogan, sino realidad tangible en calles seguras y un comercio próspero.
Largueza con lo ajeno
Empieza la narrativa César Díaz Gutiérrez, el flamante director de Ecología de Juárez, nos regala la perla de que ceder 50 mil metros cuadrados en comodato a la empresa privada Geoenviron México Ingeniería es «necesario para dar un destino final a las llantas» y evitar que se apilen como si fueran los escombros de un circo abandonado. ¡Oh, qué visión profética! Porque, claro, en lugar de invertir en un sistema municipal de reciclaje eficiente que no dependa de favores a corporativos, lo que Juárez realmente necesita es regalarle a una empresa ajena un pedazo de tierra pública equivalente a cinco campos de fútbol, solo para que no veamos llantas rodando por las calles como en una película postapocalíptica de bajo presupuesto. Es el colmo del cinismo disfrazado de ambientalismo: en vez de atacar la raíz del problema —el descontrolado descarte de 30 mil llantas semanales por culpa de una frontera caótica—, opta por el atajo corporativo, como si el erario municipal fuera un buffet libre para inversionistas que prometen «destinos finales» mientras acumulan subsidios implícitos en forma de terrenos gratuitos.
De llantas a ganancias corporativas
El funcionario se infla como un neumático pinchado al alardear de que el proceso de trituración generará «materiales reutilizables como granulado para tapetes o tableros de vehículos, y aceite combustible del humo encapsulado». ¡Qué maravilla de alquimia verde! Porque nada grita «sostenibilidad» como quemar llantas encapsuladas para sacar aceite, un subproducto que huele a trampa ambiental desde lejos, mientras la empresa se embolsa ganancias de un mercado de reciclaje que el gobierno debería monopolizar para el bien común. Esto no es innovación, es un timo: ¿dónde están los estudios independientes que validen que este «aceite» no contaminará ríos ni suelos con metales pesados? Díaz Gutiérrez pinta un futuro de tapetes ecológicos como si Juárez fuera a convertirse en IKEA sustentable, pero en realidad, es solo otro capítulo de la saga donde los funcionarios regalan activos públicos a privados, disfrazando el saqueo como progreso. ¿Hasta cuándo creeremos en cuentos de hadas donde el comodato de 50 mil metros no es un regalo envuelto en retórica verde?
