Washington, D.C.- El Distrito Municipal de Desarrollo de Presidio presentó una demanda formal ante un tribunal federal de Washington, D.C., en contra de la administración del presidente Donald Trump. El recurso legal argumenta que los planes del gobierno federal para levantar barreras e instalar infraestructura fronteriza de gran escala sobre el cauce del Río Grande, conocido como Río Bravo en territorio mexicano, alterarán el entorno ecológico y provocarán inundaciones de alta peligrosidad en las comunidades que integran la región de Big Bend.
La querella fue promovida con el respaldo de la organización jurídica sin fines de lucro Democracy Forward, la cual representa al organismo de desarrollo económico de Presidio, cuya junta directiva es designada por las autoridades locales de dicha demarcación fronteriza. La representación legal expuso que el proyecto de edificación de muros de bolardos de acero de más de nueve metros de altura sobre cimientos de concreto modificará de forma irreversible las pendientes de los diques de tierra actuales, dejando desprotegida a la población ante crecidas fluviales repentinas.
Riesgos de inundaciones
La directiva de la organización civil aliada manifestó que la construcción proyectada interfiere de forma directa con el Proyecto de Control de Inundaciones de Presidio, un complejo sistema de contención administrado de forma bilateral por la Sección de Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. La demanda sostiene que el Ejecutivo federal omitió solicitar los permisos requeridos ante la secretaría del Ejército para intervenir estas obras de protección civil, las cuales resultaron determinantes para contener contingencias fluviales severas en los años 1978 y 2008.
Por su parte, portavoces de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos respondieron mediante una postura oficial señalando que los planes para el sector de Big Bend se encuentran todavía en etapas de planeación técnica y distribución logística. La agencia defendió la necesidad de cerrar los espacios abiertos a lo largo de toda la frontera sur, catalogando formalmente a la región como un sector de alta vulnerabilidad para el cruce de personas sin documentación y el trasiego de estupefacientes por parte de organizaciones delictivas.
Oposición binacional
Los datos estadísticos recopilados por las agencias fronterizas exponen un contraste con las justificaciones de seguridad de la Casa Blanca, al reflejar que el sector de Big Bend reportó únicamente 3 mil 96 encuentros con migrantes durante el año fiscal 2025, lo que representa apenas el 1.3 por ciento del total de detenciones en toda la línea limítrofe y una reducción del 74 por ciento en comparación con ejercicios anuales previos. En el transcurso del presente ciclo fiscal, la tendencia a la baja se mantiene con una reducción adicional superior al 42 por ciento.
El proyecto de la administración de Trump ha unificado una oposición de carácter bipartidista que abarca a residentes, agricultores, defensores del medio ambiente y propietarios privados en los condados de Presidio, Jeff Davis y Brewster. La preocupación sectorial se extiende a las afectaciones sobre el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch, donde el gobierno federal ya realiza el despliegue de sensores y barreras vehiculares, enviando notificaciones para la inspección de terrenos privados que corren el riesgo de ser sometidos a procedimientos de expropiación forzosa.
