Ciudad Juárez, Chih.- Operativos ministeriales de carácter federal realizados de manera simultánea en la capital del estado y en Ciudad Juárez encendieron las alertas políticas en torno a la administración municipal. Las acciones de la Fiscalía General de la República, con el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional, colocaron bajo el escrutinio público la relación entre el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el empresario gasolinero Carlos Alberto Velázquez Nieto, señalado e investigado por su presunta participación en redes de contrabando de combustible conocidas como huachicol fiscal.
El núcleo de los cuestionamientos políticos y administrativos radica en los convenios comerciales que el gobierno de Pérez Cuéllar otorgó al conglomerado de Velázquez Nieto. De acuerdo con registros oficiales, el vínculo contractual se materializó bajo condiciones que generaron suspicacias entre regidores de oposición y observadores locales. La moral denominada Aseo Municipal fue creada formalmente en febrero de 2023 y, a pocos meses de su fundación, participó y ganó la licitación pública CA-OM-054-2023 para operar dos de las cuatro zonas del servicio de recolección de basura en Ciudad Juárez.
Dicho contrato fue pactado bajo un esquema plurianual con una vigencia de quince años, comprometiendo recursos públicos multimillonarios del municipio hasta el año 2038 y comprometiendo financieramente a las subsecuentes administraciones locales. Sectores políticos señalaron que la convocatoria pública presentó candados y tiempos restrictivos que presuntamente beneficiaron a la recién creada compañía de Velázquez Nieto, quien es ampliamente conocido en el sector gasolinero a través de Energética Carvel.
Ante las críticas sobre las anomalías procesales en la adjudicación, el propio Pérez Cuéllar salió públicamente en defensa de la legalidad del proceso y de la contratación de la empresa, deslindando a su administración de cualquier conflicto de interés.
Las investigaciones ministeriales de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, apuntan a indagar las operaciones financieras de los corporativos asociados al empresario por evasión fiscal y tráfico de hidrocarburos. Si bien la asignación de contratos gubernamentales no configura de manera automática una complicidad legal en los ilícitos federales investigados, el caso pone bajo presión la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos municipales asignados a los negocios del empresario investigado.
