Chihuahua, Chih.- La reciente iniciativa impulsada por el gobierno federal para prohibir que personas con doble nacionalidad aspiren a cargos de elección popular de alto nivel ha generado reacciones severas en el espectro político regional, destacando la postura del activista y actor político Julián LeBaron, quien calificó la medida como un intento de exclusión de tintes políticos y un retroceso en los derechos de los mexicanos en el exterior.
Durante una entrevista concedida al periodista Antonio Payán para el portal Omnia, LeBaron cuestionó severamente los argumentos presentados desde la administración central, al señalar que este tipo de restricciones buscan cerrar espacios a perfiles críticos y desincentivar la participación de millones de connacionales que, debido a la dinámica fronteriza y migratoria, poseen vínculos jurídicos con otras naciones, principalmente con Estados Unidos.
La propuesta, presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum junto a su Consejería Jurídica, plantea modificar artículos constitucionales para exigir a los aspirantes a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la renuncia previa a cualquier otra nacionalidad. Ante esto, el activista argumentó en el espacio de Omnia que la medida carece de una auténtica visión democrática y evidencia un temor institucional hacia la pluralidad de opiniones y trayectorias formativas fuera del territorio nacional.
Asimismo, LeBaron enfatizó que la vinculación histórica y económica de estados fronterizos como Chihuahua con el vecino país del norte hace indispensable la colaboración y el entendimiento binacional, por lo que descalificar a los ciudadanos con doble nacionalidad representa una ofensa directa para las comunidades migrantes que sostienen la economía a través de sus remesas, pero a las cuales se les pretende negar el derecho pleno a la representación política.
Para el entrevistado, este tipo de candados legislativos reflejan una tendencia a centralizar el control político y a erigir barreras artificiales bajo el argumento de la soberanía, cuando el verdadero problema nacional radica en la impunidad, la inseguridad y la falta de garantías institucionales para el ejercicio libre de la ciudadanía en todo el país.
