Houston, Texas.- Las versiones sobre el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que cobró la vida del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, presentan severas discrepancias entre el informe oficial de la autoridad federal y los testimonios de tres testigos sobrevivientes recabados por la defensa legal.
El reporte de la agencia migratoria sostiene que el pasado martes sus oficiales iniciaron una detención de tránsito dirigida en el área del East End como parte de una campaña de control migratorio. Según la corporación, Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años, embistió el vehículo de las fuerzas del orden y desobedeció los comandos verbales, lo que obligó a un agente a disparar su arma de cargo en presunta defensa propia. La fiscalía forense del Condado de Harris confirmó posteriormente que la causa del fallecimiento fue un homicidio derivado de una herida de bala en el torso.
Sin embargo, los tres jornaleros detenidos durante el incidente, entre ellos el hermano de la víctima, desmintieron la postura gubernamental ante el abogado Hugo Balderas-Ibarra. Los testigos afirmaron que en ningún momento utilizaron la camioneta de trabajo para agredir a las unidades policiacas y que la vida de los agentes federales jamás estuvo en peligro. El relato legal detalla que dos camionetas tipo SUV negras y sin logotipos oficiales persiguieron el vehículo blanco de los trabajadores, embistiéndolo justo después de encender las luces de emergencia, momento en el que un oficial descendió y disparó casi de inmediato.
La controversia ha escalado a nivel diplomático y legal. El Gobierno de México, a través de la presidencia de la república, anunció la preparación de medidas jurídicas internacionales y civiles en Estados Unidos para exigir responsabilidades por la muerte de Salgado Araujo y otros 16 connacionales fallecidos bajo la custodia o en despliegues operativos de la autoridad migratoria estadounidense. A nivel local, el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Fiscalía del Condado de Harris abrieron investigaciones independientes para esclarecer el uso de la fuerza.
Familiares y activistas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos subrayaron la falta de transparencia en las maniobras operativas cotidianas, criticando la ausencia de cámaras corporales en los uniformados involucrados. La defensa familiar puntualizó que Salgado Araujo carecía de antecedentes penales, sumaba tres décadas residiendo en la Unión Americana y se encontraba en la fase final de un trámite legal para regularizar su estatus migratorio, concluyendo que el constructor se habría detenido voluntariamente si los agentes se hubieran identificado de manera clara.
