Cancún, Quintana Roo.- Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro Mario Álvarez Puga durante un operativo desplegado en la zona hotelera de Puerto Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con los datos asentados en el Registro Nacional de Detenciones, la captura se ejecutó la noche del jueves 9 de julio de 2026, a las 21:26 horas, tras lo cual el detenido fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México para quedar a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Sur.
La Fiscalía General de la República requería al investigado por su presunta responsabilidad en delitos de carácter financiero. Específicamente, la indagatoria señala que Álvarez Puga incurrió en la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, una conducta que provocó un daño patrimonial calculado en 4 millones 618 mil pesos en perjuicio del fisco federal. Las autoridades ministeriales precisaron que este expediente se desahoga en un proceso judicial independiente a las indagatorias que pesan sobre otros integrantes de su núcleo familiar.
El apellido del detenido se encuentra ligado a una investigación de mayor escala iniciada por la fiscalía federal en torno al despacho corporativo fundado por los hermanos Álvarez Puga en el año 2000. Dicha firma es señalada como el origen de una presunta red dedicada al lavado de dinero, defraudación fiscal y esquemas corporativos irregulares. El caso principal de este entramado involucra directamente a su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, y a la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos señalados por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante la utilización de sociedades fachada.
Las auditorías federales indican que los recursos económicos bajo sospecha provenían originalmente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, una instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación durante la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto. Investigaciones periodísticas previas han documentado que el dinero público fue triangulado a través de microtransferencias destinadas a unas 90 cuentas bancarias particulares, entre cuyos beneficiarios bajo análisis se mencionan a familiares de diversos actores políticos y empresariales del país.
