Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad reformas a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer la prevención, atención y erradicación de la violencia económica contra las mujeres, así como promover su autonomía económica.
El dictamen, presentado por el diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, incorpora nuevas atribuciones a dependencias estatales y municipales. Entre las principales modificaciones destacan la obligación del Estado de crear programas específicos en fomento al empleo que prioricen el acceso de las víctimas a trabajos remunerados.
Las reformas también exigen la elaboración de protocolos para eliminar la violencia laboral al interior de las dependencias, instituciones y órganos del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo estatal cuenta con un plazo de 60 días hábiles para emitir dicho protocolo, según los artículos transitorios aprobados.
Se fortalecen las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública, que deberá diseñar políticas integrales para la prevención, detección y atención de delitos violentos contra las mujeres, e impulsar junto con los municipios la creación de Unidades Especializadas de Policía en esta materia.
A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le asignan nuevas responsabilidades, como promover políticas con perspectiva de género, campañas informativas en centros de trabajo sobre violencia contra las mujeres y programas de capacitación y empleo dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia.
Además, se amplían las facultades de los tribunales de arbitraje municipal para dictar providencias cautelares en materia laboral y garantizar su cumplimiento.
La aprobación incluyó por unanimidad una reserva presentada por la diputada Nancy Frías Frías, que refuerza obligaciones para generar programas específicos contra la violencia económica, protocolos en centros de trabajo gubernamentales y el dictado de medidas cautelares.
Con estas cambios, el Congreso busca avanzar en la protección integral de las mujeres y reducir las formas de control económico que limitan su independencia.
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