Ciudad de México.- Los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron de manera coordinada el bloqueo de bienes y cuentas de siete personas físicas y 15 empresas presuntamente vinculadas a la facción «Los Mayos» (también conocida como «La Mayiza») del Cártel de Sinaloa (CDS), una de las organizaciones criminales más poderosas y responsables de gran parte del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Esta acción, enmarcada en la cooperación bilateral contra el narcotráfico, representa un golpe significativo a las redes financieras y políticas de la facción liderada por Ismael «El Mayo» Zambada Sicairos (hijo de Ismael Zambada García, «El Mayo» Zambada), quien enfrenta una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura, anunciada por el Departamento de Estado de EE.UU. el 16 de septiembre.
Las sanciones se derivan de la Orden Ejecutiva 14059 (sobre organizaciones terroristas transnacionales) y la 13224 (contra el terrorismo) de EE.UU., que designan al CDS como una «Organización Terrorista Extranjera» (FTO). Según el Departamento del Tesoro, «Los Mayos» controlan extensas áreas en el norte de Baja California, utilizando Rosarito y sus alrededores como corredor clave para el contrabando de drogas (fentanilo, cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana) y el tráfico de migrantes. Esta facción, aliada con los hermanos Alfonso («Aquiles») y René («La Rana») Arzate García —jefes de plaza en Tijuana—, opera a través de una red que incluye lavado de dinero vía empresas legítimas y corrupción de funcionarios locales.
El anuncio coincide con la visita a México del subsecretario del Tesoro de EE.UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, quien enfatizó la necesidad de cerrar flujos financieros ilícitos. En México, la medida se alinea con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el crimen organizado, aunque resalta tensiones bilaterales, como la reciente megaoperación de la DEA (agosto 2025) con más de 600 arrestos contra el CDS, en la que México no participó directamente.
Entre las medidas conjuntas esta el bloqueo inmediato de propiedades e intereses en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de EE.UU. Prohibición total de transacciones con entidades sancionadas. Esto afecta activos en bancos, bienes raíces y operaciones comerciales y el bloqueo administrativo preventivo de cuentas bancarias y activos, sin prejuzgar responsabilidad penal. La UIF iniciará un análisis financiero y, si detecta irregularidades, notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigaciones formales. Este bloqueo se aplicó en atención a la designación de la OFAC y compromisos internacionales.
Las sanciones totales cubren 22 objetivos en México, enfocados en la «red de Rosarito» (un entramado político-empresarial que presuntamente lava millones de dólares en ganancias de drogas y extorsiones).
Personas y Empresas Sancionadas
Las acusaciones se centran en operadores financieros, políticos y armados que facilitaron protección y lavado para los Arzate García:
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Categoría |
Implicados Principales |
Acusaciones Principales |
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Personas Físicas (7) |
– Hilda Araceli Brown Figueredo (diputada federal de Morena, exalcaldesa de Playas de Rosarito 2021-2024). – Jesús González Lomelí (empresario local, «magnate» de bares y restaurantes). – Candelario Arcega Aguirre (operador político). – Alfonso y René Arzate García (líderes de «Los Mayos» en Tijuana). – Gildardo Nieblas («El Ruso», líder de banda de producción de fentanilo). – Dos operadores adicionales (no detallados públicamente). |
– Brown: Protección a actividades del CDS vía control municipal; recaudación de extorsiones y nombramientos de aliados en seguridad pública. – González: Lavado de millones en drogas para los Arzate y «El Ruso». – Arcega: Intermediario entre Brown y los Arzate para corrupción. – Arzate: Control territorial y tráfico. – «El Ruso»: Producción y secuestros/torturas en apoyo al CDS. |
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Empresas (15) |
– Negocios en alimentos (ej. Mariscos «El Caimán»). – Hotelería y bares (ej. Bombay Beach Club, Coco Beach Club). – Transporte y espectáculos. – Otras en bienes raíces y centros nocturnos en Rosarito. |
– Lavado de activos ilícitos; fachadas para extorsión y contrabando. Todas vinculadas a González Lomelí. |
Hilda Araceli Brown Figueredo, en un comunicado en Facebook, rechazó las acusaciones como una «infamia» para desacreditar su lucha contra la corrupción en Morena. Afirmó no haber recibido notificaciones formales ni cometido actos ilegales, y reiteró su compromiso con la «transformación». CNN solicitó comentarios adicionales, pero no hubo respuesta inmediata. En X (Twitter), usuarios y medios ampliaron el debate, con posts criticando la «narcopolítica» en Morena.
La presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina del viernes 19, aclaró que la UIF no encontró indicios suficientes de lavado de dinero o nexos con el CDS para acciones penales unilaterales. «No vamos a proteger a nadie, pero necesitamos pruebas de EE.UU. para abrir investigación en la FGR», enfatizó. La UIF describió el bloqueo como «preventivo» para salvaguardar el sistema financiero. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, no comentó directamente, pero el gobierno reiteró su compromiso con la cooperación.
Morena no ha emitido un posicionamiento oficial; CNN busca respuesta. Opositores, como el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Zavala, solicitaron juicio político contra Brown por «traición a la patria». En X, el tema generó tendencias con críticas a la «narcodiputada» y llamados a investigaciones independientes.
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. destacó que estas acciones salvan vidas al cortar el flujo de fentanilo, responsable de miles de muertes anuales. Hurley, en México, urgió mayor colaboración con banqueros mexicanos para bloquear fondos ilícitos.
