Chihuahua, Chih.- En un caso que ha conmovido a la sociedad chihuahuense por su crudeza y las evidentes fallas institucionales, la diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, anunció este martes una alianza estratégica con el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) para forzar al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El foco de esta presión es el trágico destino de Carlos Daniel Rodríguez Sáenz, un joven de apenas 16 años que, en marzo de 2024, perdió la vista de manera irreversible debido a un accidente escolar sin supervisión en el plantel de Flores Magón, un ejido rural en el municipio de Buenaventura, a unos 300 kilómetros al norte de la capital estatal.
El incidente, que comenzó como una tarea aparentemente rutinaria de fundición de aluminio asignada para realizarse en casa, se convirtió en una pesadilla cuando el material explotó violentamente en el rostro del adolescente, quemándole ambos ojos y dejando secuelas permanentes que alteraron para siempre su vida y la de su familia. Sin la guía adecuada de los maestros ni las precauciones mínimas de seguridad —como guantes protectores o instrucciones claras sobre el manejo de sustancias químicas volátiles—, Carlos Daniel terminó en urgencias, donde médicos del IMSS le practicaron un lavado quirúrgico de emergencia.
Lo que agravó el escándalo fue la respuesta inicial de la institución: según denuncias de la madre del joven, el plantel condicionó la entrega de un seguro privado a cambio de que la familia declarara falsamente que el accidente ocurrió dentro de las instalaciones escolares, e incluso ofrecieron 75 mil pesos para silenciar el caso. Los padres rechazaron la propuesta, optando por la verdad y la justicia, lo que desató una cadena de reclamos que hoy llega al corazón del poder legislativo.
Una recomendación ignorada: el peso de la CEDH sobre el CECyTECH
Pérez Reyes, una política juarense de 62 años con formación en Administración de Empresas y un historial de defensa de causas sociales en el distrito 10 —donde representa a Ciudad Juárez desde las filas de Morena—, relató en detalle la reunión sostenida con la comisionada ejecutiva del CEAVE, Norma Ledezma Ortega, y su asesora Rocío Landeros. En ese encuentro, la legisladora presentó el expediente completo de Carlos Daniel, insistiendo en la inscripción inmediata del joven en el Registro Estatal de Víctimas, un paso clave para desbloquear apoyos integrales que van más allá de lo médico. “Esto le facilitaría a él la atención médica en el estado, misma que ya conseguimos se inserte en el esquema de salud del Gobierno Estatal, cuando el CECyTECH lo dio de baja de manera irresponsable al momento de graduarse”, enfatizó la diputada, recordando cómo su equipo intercedió ante las autoridades estatales para revertir esa exclusión.
La CEDH, en su recomendación 5s.1.103/2025 emitida el 25 de julio de este año, no dejó lugar a ambigüedades: exigió una reparación integral del daño a la víctima, incluyendo compensaciones económicas y restituciones que abarquen no solo lo físico, sino lo emocional y educativo; una investigación administrativa o penal contra los maestros y el director responsables por su omisión; y, sobre todo, medidas preventivas para que tragedias similares no vuelvan a empañar los planteles del CECyTECH. Además, se subrayó la necesidad de atención médica y psicológica continua, un rubro que el Gobierno de Chihuahua asumió recientemente, garantizando cobertura vitalicia para el joven a través de sus programas de salud pública.
Sin embargo, Pérez Reyes denunció que, pese a que la directora general del CECyTECH, Adriana Alejandra Ruiz Ramírez —quien curiosamente aceptó las recomendaciones de la CEDH en su momento—, no ha movido un dedo para implementarlas. “He dejado recados, he buscado citas incansablemente, pero ni siquiera contesta las llamadas. Es hora de que ni siquiera las llamadas contesta, y mucho menos ha otorgado una reunión”, lamentó la morenista, describiendo este desdén como un “desinterés alarmante de las autoridades estatales” que bordea la negligencia institucional.
Hacia la no repetición: la promesa de vigilancia implacable
El caso de Carlos Daniel no es solo una anécdota aislada, sino un espejo de vulnerabilidades sistémicas en la educación técnica de Chihuahua, donde proyectos prácticos con materiales de riesgo se asignan sin protocolos robustos de supervisión. La madre del joven, en entrevistas previas, ha relatado el calvario de ver a su hijo —un estudiante prometedor con sueños truncados— adaptarse a una oscuridad impuesta por la imprudencia ajena, mientras la familia lidia con gastos médicos que superan sus posibilidades. Pérez Reyes, quien desde el estallido del escándalo en agosto de 2025 ha impulsado puntos de acuerdo en el Congreso local para exigir , rendición de cuentas, aprovechó la reunión con el CEAVE para solicitar una revisión exhaustiva de la recomendación y su ejecución forzosa. “Solicito a la maestra Norma Ledezma Ortega y a todo su equipo su apoyo para que revisen la recomendación que emitió la CEDH y ayuden a que se haga cumplir todas las medidas que la comisión dictó”, declaró con firmeza.
En un cierre cargado de determinación, la diputada aseguró que su compromiso no flaqueará: “No voy a soltar este tema hasta que se cumpla todos y cada uno de las recomendaciones, inclusive el de la investigación administrativa y/o penal, según corresponda, en contra de los responsables de la tragedia que le truncó la vida a este joven chihuahuense”. Con el respaldo del CEAVE, esta batalla por justicia podría no solo restaurar derechos para Carlos Daniel —quien ahora recibe apoyo estatal para terapias y rehabilitación—, sino también sentar un precedente para que otros alumnos no paguen con su integridad las deudas de un sistema educativo que promete ciencia, pero entrega riesgos sin red de protección. La pelota, ahora, está en la cancha del CECyTECH y sus autoridades, ante el escrutinio de una legisladora que no tolera más silencios.
