CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Integrantes de la comunidad LGBT+ realizaron una manifestación masiva a las afueras de las oficinas gubernamentales de Pueblito Mexicano en esta frontera. Las agrupaciones civiles denunciaron de forma pública el retiro del orden del día del dictamen emitido por la Comisión de Igualdad relativo a la legalización del matrimonio igualitario, una acción parlamentaria que los inconformes tipificaron como la prolongación de una deuda histórica de dieciséis años de omisión y discriminación institucional en la entidad.
La protesta civil contó con el acompañamiento directo de la diputada local del partido Morena, Jael Argüelles Díaz, quien se sumó al reclamo de los activistas frente a las sedes oficiales. Los manifestantes señalaron que el Poder Legislativo de Chihuahua persiste en negar derechos humanos fundamentales y garantías de certeza jurídica a miles de familias diversas que ya se encuentran constituidas, trabajan y sostienen hogares dentro del territorio estatal pese al vacío normativo vigente.
Denuncia de violencia institucional y rezago normativo
Durante su intervención ante los contingentes, la legisladora de la bancada oficialista criticó que el estado de Chihuahua se mantenga como una de las últimas entidades federativas del país en legislar plenamente las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Argüelles Díaz argumentó que la decisión de postergar el debate perpetúa esquemas de ciudadanía desigual y constituye una vertiente de violencia institucional que limita el acceso real a derechos patrimoniales, esquemas de seguridad social y protección legal.
- Impacto de la intolerancia: La congresista alertó que las posturas omisas en el parlamento alimentan discursos de exclusión que se traducen en agresiones cotidianas hacia las minorías sexuales, afectando de manera prioritaria a las mujeres trans en la región.
- Agenda pendiente en la entidad: El bloque promotor de la iniciativa recordó que el Congreso local arrastra otros rezagos urgentes como la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, conocidos como ECOSIG, y la asignación de presupuestos para la prevención del VIH/SIDA.
El movimiento de la diversidad sexual y la representación legislativa de izquierda ratificaron que mantendrán las jornadas de movilización en los espacios públicos y la presión jurídica en los tribunales para obligar a las comisiones parlamentarias a someter a votación el dictamen. Los colectivos concluyeron que la resistencia de los partidos de oposición en el Congreso local cederá ante los criterios de progresividad emitidos por el Poder Judicial de la Federación, asegurando que el reconocimiento legal de las familias diversas se concretará al margen de los prejuicios de las mayorías legislativas.
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