Chihuahua, Chih.- La revelación de una conversación en video entre la exfuncionaria electoral Claudia Arlett Espino y José Alfredo Hernández Casillas, difundida por el medio digital Latinus, ha vuelto a colocar bajo el escrutinio público una relación de poder y contratos millonarios que se remonta al año 2021. Este vínculo, gestado desde la presidencia provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, expone una red de adjudicaciones directas y enroques políticos que involucran tanto a órganos autónomos nacionales como a la administración estatal.
El origen de esta colusión financiera y administrativa se remonta a 2021, periodo en el cual Claudia Arlett Espino se desempeñaba como consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. En esa etapa crítica de los comicios locales, el organismo a su cargo firmó y adjudicó un contrato por más de 33.8 millones de pesos, específicamente por la cantidad de 33 millones 881 mil 653 pesos, destinado a la provisión de material y paquetes electorales a favor de la empresa Cajas Graf, S.A. de C.V. Este convenio multimillonario, que posteriormente fue objeto de revisiones y observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, constituyó una de las asignaciones presupuestales más relevantes de dicho proceso electoral en la entidad.
Las grabaciones dadas a conocer recientemente documentan una charla entre Espino y Hernández Casillas en la casa del contratista, en la cual se ventilan interioridades del sistema electoral y se detallan las fricciones generadas al interior de la cúpula del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con los testimonios expuestos en los materiales, las notas periodísticas críticas y la exposición pública de estas dinámicas generaron un fuerte malestar en la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, evidenciando las tensiones y el descontento que prevalecían en el círculo cercano a la familia Taddei frente a los cuestionamientos mediáticos.
El trasfondo de esta crisis institucional desembocó en la renuncia de Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE, el segundo puesto de mayor jerarquía e importancia operativa en la institución y el encargado directo de la operación electoral a nivel nacional. En su momento, la funcionaria justificó su salida arguyendo motivos estrictamente personales y familiares, señalando la supuesta necesidad de atender a sus hijos en un momento institucional sumamente delicado.
Sin embargo, el contexto político desmintió la narrativa de un retiro temporal por asuntos privados. En menos de un mes de haber abandonado el órgano electoral federal bajo el argumento familiar, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ya la había incorporado formalmente a su gabinete, designándola como directora administrativa de la Fiscalía General del Estado.
Esta transición exprés entre la estructura directiva del INE y la administración estatal de Chihuahua, sumada a los antecedentes contractuales de 2021 y a las recientes filtraciones en video, consolida un escenario donde los recursos públicos, las adjudicaciones millonarias y los puestos estratégicos de la función electoral y procuración de justicia parecen responder a una red de favores y acuerdos políticos al margen de la transparencia.
