De acuerdo con los estados financieros consolidados del organismo, obtenidos a través de solicitudes de transparencia, los egresos totales ascendieron a 76 millones 558 mil 434 pesos, mientras que los ingresos apenas alcanzaron los 37 millones 287 mil 469 pesos en el periodo de seis años. Esto representa un déficit aproximado del 51 por ciento.
La principal causa de la inviabilidad comercial fue el cese operativo de la flotilla de 32 autobuses chinos Ankai, adquiridos en 2019 para funcionar exclusivamente con gas natural. Estas unidades presentaron fallas recurrentes en sistemas de transmisión y motor, además de la falta de refacciones y soporte técnico del proveedor, lo que llevó a su retiro gradual y posterior paralización en los patios de las terminales Norte y Sur del Bowí.
El autoconsumo de estos vehículos representaba alrededor del 80 por ciento de los ingresos proyectados (29.9 millones de pesos). Al caer a cero, las ventas al público general solo aportaron 7.3 millones de pesos. Entre los egresos destacan la adquisición de gas natural (31.6 millones), la inversión inicial (24.2 millones), gastos operativos como nóminas y energía (13 millones) y depreciación de activos (7.7 millones). El costo de habilitación física de la planta fue de 27.5 millones de pesos.
La autorización para la comercialización al público se dio el 28 de octubre de 2020, durante la administración del exgobernador Javier Corral, en sesión virtual del Consejo Directivo por la pandemia. El cierre formal se aprobó por unanimidad el 21 de octubre de 2025 en sesión del Consejo, durante la actual administración estatal.
El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, señaló que la planta nunca resultó rentable ni benefició de manera significativa a los chihuahuenses, por lo que se optó por no seguir incurriendo en gastos innecesarios. Actualmente, Vivebús opera con una nueva flotilla de unidades diésel Mercedes-Benz de bajas emisiones.
Hasta el momento no se ha definido un proyecto de desmantelamiento de los tanques y equipos, aunque su mantenimiento inactivo genera gastos fijos anuales por más de 350 mil pesos. La decisión se enmarca en una estrategia de responsabilidad fiscal para redirigir recursos a prioridades del transporte público.



