Ariadna Montiel y la presunta reunión con “El Guano”
La columna de Héctor de Mauleón, publicada en El Universal el 26 de octubre de 2026, sí circula y su contenido ha sido reproducido por diversos medios. Sin embargo, la existencia de la columna está confirmada, pero las acusaciones centrales contra Ariadna Montiel no están acreditadas con pruebas públicas verificables.
La distinción es fundamental: una publicación periodística puede revelar información de interés público, pero eso no convierte automáticamente en hechos demostrados las versiones atribuidas a fuentes anónimas.
1. ¿Qué está confirmado y qué no?
La publicación de Héctor de Mauleón
La columna apareció el 26 de octubre y fue reproducida por otros medios.
De Mauleón atribuye la información a fuentes de seguridad y a un informe federal que no publica ni identifica con datos que permitan examinarlo de manera independiente.
No se ha presentado públicamente evidencia documental verificable que demuestre que Montiel negoció apoyo electoral de Los Salgueiro a cambio de control territorial.
La respuesta de Ariadna Montiel
Montiel negó haberse reunido con personas dedicadas a actividades delictivas y exigió que se presenten pruebas.
2. Lo que dijeron Maru Campos y Claudia Sheinbaum
Este es uno de los puntos mejor documentados de la controversia.
El 23 de octubre, El Financiero informó que Sheinbaum confirmó que Campos le había planteado sus sospechas sobre presuntos vínculos de Montiel con el narcotráfico durante una conversación privada en Ciudad Juárez, el 17 de septiembre. La presidenta dijo que pidió pruebas a la gobernadora y que, hasta ese momento, no las había recibido. También calificó a Montiel como una mujer honesta.
Esto permite establecer dos hechos diferentes:
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Campos sí planteó las acusaciones a la presidenta, según la versión pública de ambas.
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La confirmación de esa conversación no demuestra que las acusaciones sean verdaderas.
La diferencia importa porque el relato de De Mauleón presenta las fuentes federales como el origen tanto de la supuesta reunión como de la acusación de la gobernadora. Sin acceso al documento mencionado, no es posible determinar si se trata de un informe de inteligencia, una nota informativa, un reporte de campo o una versión de terceros incorporada a un expediente.
3. ¿Qué tan sólida es la versión sobre las elecciones de 2024?
Es el punto más delicado de la columna.
De Mauleón sostiene que Los Salgueiro habrían intervenido en las elecciones de 2024 para apoyar a candidatos de Morena, en particular a figuras relacionadas con el grupo criminal conocido como La Línea. A cambio, la organización de El Guano habría obtenido margen para controlar un corredor territorial entre La Tuna, Sinaloa, y Moris, Chihuahua.
Para corroborar esta afirmación sería necesario conocer, al menos, alguno de los siguientes elementos:
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El informe federal original, con fecha, dependencia emisora y descripción de las fuentes de información.
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Evidencias independientes de la supuesta reunión: registros, comunicaciones, testimonios identificables o documentos.
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Datos que acrediten la intervención electoral atribuida a Los Salgueiro y el presunto intercambio territorial.
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Una investigación ministerial o judicial que permita conocer si las autoridades investigaron estos hechos y qué encontraron.
En la información pública localizada no aparece ese conjunto de pruebas. Esto no demuestra que el informe no exista; significa que no se puede verificar su contenido ni confirmar las conclusiones que se le atribuyen.
Tampoco basta con señalar que Montiel trabajó políticamente en la Sierra Tarahumara antes de 2018. Esa actividad, por sí misma, no demuestra vínculos con organizaciones criminales.
4. El terreno de Bocoyna: otra acusación que requiere documentos
La columna agrega que Montiel habría comprado un terreno de 428 mil 280 metros cuadrados en Bocoyna por 99 mil pesos, supuestamente vendido por Rafael Mata Márquez, exfuncionario de la estructura de Bienestar en Chihuahua. El texto menciona el folio real 1864397.
La cifra y el folio ofrecen una vía concreta de comprobación, pero no constituyen por sí mismos una prueba de irregularidad.
Para verificar el señalamiento hace falta obtener del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua el antecedente registral y la escritura correspondiente. El portal oficial permite realizar consultas de antecedentes e inscripciones por folio real.
Es necesario confirmar:
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Quién aparece como propietario y en qué fechas.
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Si la superficie registrada corresponde a los 428 mil 280 metros cuadrados mencionados.
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Cuál fue el precio consignado en la escritura y si existieron otras contraprestaciones.
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Quién transmitió el inmueble y qué relación tenía con Montiel.
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Si existen avalúos, investigaciones patrimoniales o resoluciones oficiales sobre la operación.
No pude verificar de manera independiente el contenido del folio ni la supuesta compraventa. Por ello, no sería correcto presentar como hecho probado que Montiel adquirió el terreno en esas condiciones.
5. La reacción de Morena
Los reportes publicados este 26 de octubre indican que Montiel rechazó la acusación y que los 24 gobernadores de Morena emitieron un pronunciamiento de respaldo, en el que calificaron los señalamientos de temerarios.
Esta reacción confirma la dimensión política del conflicto, pero tampoco resuelve la controversia factual. Ni el respaldo partidista demuestra la inocencia de Montiel ni las acusaciones de Campos prueban su culpabilidad.
Conclusión
La verificación arroja un resultado claro: la columna de Héctor de Mauleón existe, las acusaciones fueron publicadas y Montiel las ha rechazado. También está documentado que Sheinbaum reconoció haber escuchado las sospechas de Campos y haberle pedido pruebas.
Lo que sigue sin estar acreditado públicamente es lo más grave: la reunión con El Guano, el supuesto pacto electoral, el intercambio de control territorial y la participación de Juan Carlos Loera en ese encuentro. Tampoco pude confirmar documentalmente la operación inmobiliaria señalada.
La columna atribuye sus afirmaciones a fuentes de seguridad, pero no ofrece al lector el informe federal que permitiría evaluar su contenido. Esa limitación impide elevar los señalamientos a la categoría de hechos demostrados.
La conclusión periodística responsable no es declarar falsa la versión ni darla por cierta. Es señalar que existe una acusación de enorme gravedad cuya comprobación depende de evidencias que, hasta ahora, no son de acceso público en las fuentes consultadas.
La pregunta central permanece abierta: ¿existe un informe federal verificable que documente la supuesta reunión y sus acuerdos, y está dispuesto el gobierno a hacerlo público o a ponerlo a disposición de las autoridades competentes? Sin esa pieza, el caso permanece en el terreno de las acusaciones políticas y las fuentes no identificadas, no en el de los hechos probados.
