Chihuahua, Chih.- El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, planteó que México debe revisar la escala penal aplicable a menores de edad que cometen delitos de alto impacto, al considerar que el actual sistema de justicia juvenil resulta excesivamente proteccionista y ya no responde a la gravedad de los hechos que se registran en el país.
Durante una declaración, el funcionario advirtió que el modelo vigente ha quedado rebasado ante el incremento de la violencia extrema cometida por adolescentes, como los casos recientes que han reactivado el debate nacional.
Jáuregui Moreno citó el asesinato de dos maestras en Michoacán perpetrado por Osmar “N”, así como el homicidio de la menor Leyla en Sonora, donde dos adolescentes de 12 y 15 años la citaron con engaños, la asfixiaron con una cuerda y enviaron un video del crimen a la madre de la víctima.
También refirió el caso de Mya Naomi Villalobos Saldaña, quien en 2022 sobrevivió a 47 puñaladas, y señaló que en ese proceso se tardaron dos años en lograr el internamiento del agresor debido a limitaciones legales.
“No es solo la edad para establecer la responsabilidad penal de un sujeto”, enfatizó el fiscal, al subrayar que el debate debe centrarse en el diseño completo del sistema de justicia para adolescentes y no únicamente en la edad del infractor.
El fiscal general consideró que la legislación actual, de carácter muy proteccionista, limita la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos de alto impacto. “Hoy el país cuenta con una legislación muy proteccionista sobre menores infractores”, dijo.
Como referencia internacional, mencionó que países como Argentina ya han decidido criminalizar la participación de menores desde los 16 años en delitos graves, y señaló que ese es un debate pendiente en México.
Jáuregui Moreno explicó que el problema es estructural, pues el sistema unificado a nivel nacional ha complicado los posibles ajustes, a diferencia de cuando cada entidad federativa regulaba de forma independiente estos casos.
Cualquier reforma de fondo, advirtió, requeriría un proceso legislativo amplio que involucre a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, e incluso podría necesitar una reforma constitucional con la participación de los estados.
Con estas declaraciones, el fiscal abrió nuevamente la discusión entre quienes defienden el modelo de reinserción social para adolescentes y quienes exigen sanciones más severas ante la evolución de la violencia cometida por menores.
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