Uruapan, Michoacán.- La investigación por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el primero de noviembre durante las fiestas del Día de Muertos, entró en una nueva fase con las declaraciones renovadas de sus escoltas personales, quienes no enfrentan detención formal pero permanecen bajo escrutinio de la Fiscalía General del Estado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que estos agentes, un grupo de ocho a diez personas, continúan colaborando en la revisión de peritajes y no han sido arrestados, aunque deben presentarse cada vez que se les requiera.
Fuentes cercanas al caso revelan que los escoltas fueron recomendados por un excomandante militar próximo al edil, destituido meses antes por un presunto incidente de violencia familiar, y que operaban sin un protocolo de seguridad establecido, portando armas de manera irregular.
El ataque tuvo lugar en la plaza principal de Uruapan, en pleno Festival de las Velas, cuando un joven de diecisiete años abrió fuego contra Manzo, de cuarenta años, causándole heridas mortales que lo llevaron a fallecer en el traslado a un hospital. Según testimonios iniciales, el agresor fue sometido por los presentes y ya se encontraba neutralizado, pero uno de los escoltas le disparó a quemarropa, provocándole la muerte en el sitio. La Fiscalía de Michoacán indaga ahora las circunstancias de este segundo homicidio, mientras evalúa si el caso pasa a la Federación por posibles nexos con delincuencia organizada, el móvil principal bajo revisión, aunque no se descarta un trasfondo político.
Manzo, conocido como «el del sombrero» por su atuendo característico, se convirtió en el primer alcalde independiente de la historia de Uruapan al ganar las elecciones locales de 2024, tras romper con Morena y distanciarse de sus filas. Con cerca de un millón de seguidores en redes sociales, pese a que el municipio no supera los cuatrocientos mil habitantes, el político se perfilaba como un líder carismático de mano dura contra el crimen organizado. En vida, exigió refuerzos federales al gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar delitos de alto impacto, criticando la reducción de doscientos elementos de la Guardia Nacional en la zona, medida que dejó expuesta la vulnerabilidad de la ciudad. Días antes del atentado, había cancelado eventos patrios por amenazas de seguridad y acostumbraba usar chaleco antibalas en apariciones públicas.
El general Francisco Javier Trevilla, de la Guardia Nacional, defendió el protocolo de protección asignado al alcalde, afirmando que no falló en su ejecución, sino el esquema privado de los escoltas, que desaparecieron de la escena pública tras el cinco de noviembre, cuando escoltaron a la alcaldesa sustituta Grecia Quiroz en su arribo a Uruapan. Harfuch respaldó esta versión y señaló que los delincuentes aprovecharon la ausencia de controles en el evento masivo para perpetrar el crimen.
La muerte de Manzo desató una ola de indignación en Michoacán, epicentro de pugnas entre cárteles por el control de cultivos y rutas de trasiego, donde este año se han registrado al menos diez asesinatos de ediles similares. Cientos de ciudadanos marcharon en Morelia exigiendo justicia y la renuncia de Sheinbaum, quien condenó el hecho, expresó condolencias a la familia y prometió no dejar cabos sueltos en la pesquisa. La periodista Carmen Aristegui lo catalogó como un «punto de inflexión» en la escalada de violencia, mientras en redes sociales miles de usuarios lo despiden como un símbolo de resistencia contra el narco. La Fiscalía michoacana mantiene abiertas múltiples líneas de indagatoria, con la esperanza de esclarecer pronto los hilos de este atentado que ha sacudido al país.
