Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un operativo conjunto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirmó el hallazgo y aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en los autobuses que transportaban a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Los vehículos se dirigían a la capital del país con el propósito de integrarse a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La intervención policial ocurrió alrededor de las 12:20 horas en la plaza de cobro número uno Tlalpan, ubicada en la autopista México-Cuernavaca. De acuerdo con los reportes institucionales, personal especializado del agrupamiento Zorros de la policía capitalina llevó a cabo una inspección en el interior de una de las unidades retenidas. Durante esta revisión, que según las dependencias gubernamentales se realizó de manera pacífica y bajo acuerdo previo con los estudiantes, los agentes localizaron una caja de color azul que resguardaba 59 tubos de PVC blanco provistos de mecha y pólvora, catalogados de forma preliminar como dispositivos explosivos.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, detalló que el despliegue se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertaba sobre el traslado del material peligroso a bordo del transporte de los manifestantes. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que tras concluir la inspección física de los camiones y realizar el embalaje de los objetos, se determinó cerrar la revisión perimetral y permitir el avance del contingente hacia su destino en la zona centro de la Ciudad de México.
Los reportes oficiales del operativo precisaron que las diligencias ministeriales en la caseta se desarrollaron sin contar con una orden judicial previa. Los 59 artefactos decomisados fueron trasladados de manera inmediata a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde peritos especializados en la materia se encargarán de realizar la valoración técnica correspondiente y determinar de manera jurídica el origen y la peligrosidad de los componentes químicos localizados.
