Chihuahua, Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dirigió un mensaje en video a la ciudadanía en el que atribuyó de manera directa el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República a las recientes entrevistas que concedió en la Ciudad de México.
La mandataria estatal afirmó que su gira informativa por los principales medios de comunicación de la capital del país generó una reacción de molestia en los altos mandos del gobierno federal, detonando el uso de los organismos de procuración de justicia como un mecanismo de represalia política.
En el material audiovisual difundido a través de sus canales oficiales de comunicación, la titular del Ejecutivo local expuso que el emplazamiento para comparecer ante la autoridad ministerial federal el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas carece de un sustento jurídico sólido.
Campos Galván argumentó que la celeridad con la que se procesó el requerimiento legal de la fiscalía responde a una consigna política diseñada desde Palacio Nacional para contrarrestar la exposición pública que tuvo su administración tras desarticular la narrativa oficial de la marcha del pasado fin de semana en la entidad.
La gobernadora enfatizó que las instituciones de la república están siendo utilizadas con un doble rasero para hostigar a los perfiles de oposición que resultan incómodos para el partido en el poder, mientras se mantiene un esquema de protección institucional hacia servidores públicos de otras entidades federativas que enfrentan serias acusaciones internacionales.
Reiteró que su equipo legal se encuentra evaluando la fundamentación del documento recibido en propia mano, pero adelantó que no detendrá su estrategia de comunicación ni cejará en la defensa de la soberanía de Chihuahua frente a lo que calificó como una embestida centralista.
Finalmente, la mandataria aseguró a los chihuahuenses que mantendrá su agenda de trabajo enfocada en la contención de la inseguridad y en la implementación de proyectos de infraestructura local, desestimando que el citatorio federal vaya a paralizar las funciones de la administración estatal. El posicionamiento en video generó un respaldo inmediato por parte de los coordinadores parlamentarios y dirigentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el Congreso local, quienes coincidieron en señalar que la entidad mantendrá un frente común frente a los actos de intimidación judicial.
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