Bogotá, Colombia.- El Ejército de Estados Unidos ejecutó tres operaciones armadas contra cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico oriental, con un saldo de catorce fallecidos y un único sobreviviente, en lo que representa el undécimo golpe de una ofensiva que ha cobrado casi sesenta vidas en menos de dos meses. El anuncio, realizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, bajo la administración de Donald Trump, ha desatado críticas feroces desde Colombia y Venezuela, que denuncian violaciones al derecho internacional y posibles incursiones futuras en territorio soberano.
La serie de acciones militares, iniciada el dos de septiembre en el mar Caribe con el hundimiento de una lancha vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, ha mutado en una campaña más amplia que ahora alcanza el Pacífico. Según Hegseth, las cuatro naves atacadas el lunes eran operadas por organizaciones catalogadas como terroristas por Washington, transitaban rutas habituales de contrabando y cargaban estupefacientes. En su declaración difundida en redes sociales, el funcionario detalló que ocho hombres tripulaban las primeras embarcaciones abatidas, cuatro en la segunda y tres en la tercera, todos calificados como narcoterroristas. No se reportaron bajas en las fuerzas estadounidenses, y los bombardeos se limitaron a zonas lejanas de costas nacionales.
Este episodio marca el primer asalto múltiple simultáneo en la historia reciente de las operaciones antidrogas de Estados Unidos, superando los ataques aislados previos que suman diez en total desde septiembre. La Casa Blanca ha enmarcado estas intervenciones en un supuesto conflicto armado no internacional, autorizado por un memorando presidencial que permite a la Agencia Central de Inteligencia actuar incluso en Venezuela. Trump ha justificado la escalada afirmando que cada operación salva veinticinco mil vidas estadounidenses, al comparar a los cárteles con amenazas como la red de Al-Qaeda, responsable de menos muertes en suelo norteamericano que el tráfico de drogas.
México asume rescate del sobreviviente en un gesto de cooperación tensa
El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento para localizar al único tripulante que escapó con vida de los ataques. Hegseth reveló que las autoridades mexicanas aceptaron el caso y tomaron las riendas de la coordinación, un gesto que subraya la colaboración bilateral pese a las fricciones. La Secretaría de Marina de México confirmó que los bombardeos ocurrieron en alta mar, a distancia segura de sus litorales, pero guardó silencio sobre el operativo de rescate, alimentando especulaciones sobre el estado del herido y su posible traslado a territorio nacional.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado previamente propuestas de Washington para desplegar drones o tropas en su contraataque al crimen organizado, recordando en mayo que tales intervenciones vulneran la soberanía. Fuentes diplomáticas consultadas en privado indican que Ciudad de México monitorea de cerca la evolución, temiendo que el flujo de rutas narcóticas desviado por los ataques estadounidenses incremente la presión en sus costas pacíficas.
Colombia y Venezuela alzan la voz contra lo que llaman ejecuciones extrajudiciales
La reacción más vehemente proviene de los gobiernos de Colombia y Venezuela, epicentros de las rutas marítimas afectadas y posibles orígenes de las embarcaciones destruidas. El presidente Gustavo Petro, en un mensaje directo a Washington, advirtió no intenten incursiones terrestres en suelo colombiano o venezolano, calificando los bombardeos como asesinatos que rompen con las normas de la justicia internacional. Bogotá exige transparencia y ha instado a las familias de posibles víctimas nacionales a denunciar los hechos para esclarecer identidades, argumentando que al menos una lancha abatida podría haber transportado pescadores inocentes en lugar de contrabandistas.
Desde Caracas, el Ejecutivo se solidarizó con Petro y reiteró que estas acciones equivalen a ejecuciones en altamar, sin pruebas públicas que respalden las acusaciones de narcotráfico. Líderes regionales como la primera ministra de Trinidad y Tobago han aplaudido los golpes, pero la mayoría de la Comunidad del Caribe ha reclamado notificaciones previas para evitar daños colaterales. Expertos en derecho internacional advierten que la ausencia de procesos judiciales o declaraciones de guerra por el Congreso estadounidense sienta un precedente peligroso, potencialmente contraproducente al dispersar redes criminales en lugar de desmantelarlas.
En Estados Unidos, legisladores de ambos partidos cuestionan la legalidad de la campaña, demandando al Ejecutivo más detalles ante el Congreso. Organizaciones de derechos humanos han convocado protestas en varias ciudades, alegando que la designación de cárteles como entidades terroristas justifica una guerra sin límites claros.
