Quito, Ecuador.- El asesinato de la activista e investigadora polaca Monika Silva Koniuszek en el balneario de Montañita, provincia de Santa Elena, desató una fuerte reacción de organismos internacionales tras desmentirse la versión inicial del suicidio ofrecida por las autoridades gubernamentales. La víctima era ampliamente conocida en la región costera por denunciar presuntas redes de corrupción, tráfico de tierras y nexos del narcotráfico.
Silva fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en el interior de su domicilio. En las primeras horas posteriores al hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo públicamente la hipótesis de un suicidio, argumentando supuestos problemas de depresión de la investigadora y mencionando el hallazgo de una soga, un palo y un mensaje que calificó como una despedida.
Sin embargo, el informe médico-legal de la autopsia echó por tierra el relato oficial al determinar que la causa del deceso fue asfixia mecánica por constricción del cuello, confirmando que la activista ambiental sufrió golpes y estrangulamiento. A raíz de los hallazgos forenses, la Fiscalía General del Estado redireccionó la carpeta de investigación bajo el protocolo de presunto femicidio, lo que encendió las alarmas de la comunidad internacional por la evidente contradicción institucional.
Ante este panorama, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, instó formalmente al gobierno de Ecuador a ejecutar una indagatoria rápida, exhaustiva, independiente y transparente. La funcionaria internacional calificó el suceso como emblemático de la crisis de inseguridad que padecen los activistas en el país, a quienes definió como aliados de la democracia. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado ecuatoriano abrir líneas alternativas de investigación que consideren la labor de la víctima como móvil del crimen.
Meses antes de su muerte, Silva había documentado irregularidades en la adjudicación de terrenos en Santa Elena y denunciado supuestos vínculos de bandas criminales con el conglomerado Noboa Trading, propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa. Allegados a la investigadora señalaron que ella misma puso a buen resguardo expedientes con documentación delicada entregándolos directamente en la Embajada de Estados Unidos en Quito.
El entorno periodístico y civil de la provincia vincula este ataque con una sistemática campaña contra las voces críticas de la localidad. Recordaron el homicidio del comunicador Robinson del Pezo, conocido como la Voz del Pueblo, ocurrido en noviembre de 2025 en el municipio de La Libertad tras exponer sobreprecios en contratos públicos.
El periodista Joffre Paredes, colaborador cercano de Silva y quien actualmente denuncia encontrarse bajo amenaza de muerte, declaró que tras la ejecución de Del Pezo, tanto él como la investigadora polaca sabían que eran los siguientes objetivos por ser los únicos que continuaban fiscalizando las actuaciones ilegales de funcionarios locales. Paredes enfatizó que la comunidad civil no permitirá que el caso quede en la impunidad y que la memoria de Silva se transformará en un símbolo de resistencia frente a la corrupción en la costa ecuatoriana.
