Bogotá, Colombia.- La reciente orden del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de iniciar operativos para deportar a migrantes irregulares y a quienes cometan delitos ha generado profunda inquietud entre la comunidad venezolana residente en el país, que supera los 2.8 millones de personas.
Durante una visita a Barranquilla, el mandatario conservador instruyó a la policía local ejecutar acciones inmediatas para localizar y expulsar a los extranjeros que carezcan de estatus legal. La medida encendió las alarmas debido a que más de 527,000 venezolanos permanecen en territorio colombiano sin cumplir con la normativa migratoria, según cifras oficiales de Migración Colombia.
Abogados migratorios y defensores de derechos humanos señalaron que las líneas de atención colapsaron ante las consultas ciudadanas. Representantes de organizaciones sociales advirtieron que la situación es compleja, ya que el Estatuto Temporal de Protección lleva cerrado más de tres años, lo que impide a los recién llegados o a quienes no alcanzaron a inscribirse acceder a un proceso formal de regularización.
Especialistas en flujos migratorios recordaron que la frontera compartida de más de 2,200 kilómetros cuenta con numerosos pasos irregulares, lo que históricamente ha limitado la efectividad de las deportaciones masivas por los elevados costos operativos y logísticos que implica trasladar a las personas hasta la línea limítrofe.
Asimismo, organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el posible incremento de la xenofobia en el país tras las declaraciones oficiales. Si bien los líderes comunitarios respaldan el combate frontal a la delincuencia, enfatizaron que la seguridad ciudadana no debe vincularse de manera generalizada con la condición migratoria, recordando que miles de menores de edad en situación irregular requieren especial protección del Estado.
La tensión se agrava en el contexto regional, ya que la comunidad venezolana percibe el cierre paulatino de opciones de acogida no solo en Colombia, sino también en otras naciones sudamericanas que han endurecido sus políticas migratorias bajo administraciones de corte conservador. Por ahora, las organizaciones sociales buscan abrir canales de diálogo con el nuevo gobierno para proponer metodologías accesibles de regularización que eviten la persecución a población vulnerable.
