Chihuahua, Chih.- La diputada federal por el Partido Acción Nacional, María Angélica «Manque» Granados Trespalacios, externó su rechazo categórico frente al citatorio que la Fiscalía General de la República notificó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La legisladora federal aseguró que el emplazamiento judicial representa un eslabón más de una estrategia de intimidación coordinada desde el centro del país que busca desestabilizar a las entidades de oposición que defienden su soberanía.
Granados Trespalacios señaló que el andamiaje legal de la federación se está aplicando con criterios políticos para mermar los perfiles gubernamentales competitivos del norte de México. La diputada argumentó que el proceder del Ministerio Público de la Federación revela una profunda incongruencia institucional, al apresurar requerimientos formales contra una mandataria que combate los índices de delincuencia mientras se ignoran las denuncias públicas sobre presuntos vínculos criminales de funcionarios allegados al partido en el poder.
La representante del distrito federal número seis manifestó el respaldo absoluto de los legisladores del bloque del partido blanquiazul a las decisiones procesales que el equipo jurídico del Palacio de Gobierno determine implementar ante esta orden ministerial. Enfatizó que la sociedad y las instituciones locales mantendrán la defensa del Estado de Derecho, señalando que la entidad cuenta con la fuerza y la dignidad necesarias para no arrodillarse frente a presiones partidistas encubiertas bajo el rubro de procedimientos de investigación legal.
Finalmente, la congresista exhortó a las dependencias de procuración de justicia de la república a conducirse bajo principios de estricta imparcialidad y transparencia, erradicando el uso faccioso del aparato gubernamental como un brazo político para incidir en el terreno electoral. Sostuvo que las problemáticas estructurales del país en seguridad y educación requieren de una coordinación interinstitucional transparente, en lugar del despliegue de mecanismos centralistas orientados a perseguir y hostigar de forma selectiva a quienes sostienen posturas críticas al régimen.
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