Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025. El Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde por unanimidad, con 448 votos a favor, a una reforma clave en la Ley General de Cambio Climático que busca impulsar la captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono. La iniciativa, impulsada por el diputado federal Noel Chávez Velázquez del Partido Revolucionario Institucional, reforma los artículos 33 y 93 de la ley con el fin de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y estabilizar su presencia en la atmósfera. El dictamen ya fue turnado al Senado de la República para su revisión final.
Desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, Chávez Velázquez defendió la necesidad de políticas que unan esfuerzos entre el gobierno y la iniciativa privada para combatir el calentamiento global. El legislador priista enfatizó que este avance no solo responde a la urgencia ambiental, sino que fortalece el compromiso colectivo de México ante un fenómeno que no respeta límites geográficos ni diferencias sociales.
El diputado Chávez Velázquez subrayó que el cambio climático exige una respuesta unificada, ya que los gases de efecto invernadero persisten en la atmósfera y generan impactos generalizados en la población. México, que ocupa el noveno lugar mundial en emisiones de estos gases según datos de 2022, emite en promedio seis toneladas de CO2 equivalente por persona al año, lo que lo posiciona como el segundo mayor emisor en América Latina, solo por detrás de Brasil. Para contrarrestar esta cifra, el país requeriría plantar cinco árboles por habitante anualmente, con una vida mínima de cincuenta años.
En su intervención, el congresista recordó que este problema trasciende ideologías y fronteras. «Todas las personas, comunidades, empresas y países influyen en el equilibrio del planeta. No existe otro hogar al cual podamos desplazarnos. Por eso es indispensable trabajar de manera conjunta para revertir el deterioro ambiental», declaró. La reforma se alinea con obligaciones internacionales como el Acuerdo de París, ratificado por México en 2015, que busca limitar el aumento de temperatura global a menos de dos grados Celsius, idealmente a 1.5 grados, mediante acciones concretas de mitigación.
Impulso a la colaboración entre sectores
La modificación legal abre la puerta a que entidades públicas, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, junto con dependencias federales involucradas en obras de infraestructura, asuman la responsabilidad de ejecutar proyectos de captura de CO2. Esta técnica, que implica separar el gas en fuentes industriales, transportarlo y almacenarlo de forma segura por periodos prolongados, se presenta como una herramienta viable para grandes plantas eléctricas y complejos manufactureros.
Además, la norma promueve la participación activa del sector privado en el diseño e implementación de estos planes, con énfasis en prácticas como la reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales. Chávez Velázquez destacó que tales medidas no solo mitigan emisiones, sino que abren posibilidades para usos innovadores del CO2, como la recuperación mejorada de hidrocarburos, en línea con investigaciones globales hacia la neutralidad de carbono para 2050.
Una de las vertientes más destacadas de la reforma radica en su potencial para respaldar a grupos locales que ya protegen el entorno. La ley facultará subsidios directos a comunidades indígenas, ejidos y organizaciones dedicadas a la conservación de bosques, el cuidado de áreas verdes y la prevención de incendios forestales. El diputado priista citó ejemplos concretos de alianzas entre empresas y poblaciones rurales que operan esquemas de bonos de carbono, demostrando resultados tangibles en la restauración ambiental.
«Se trata de generar compromisos reales y permanentes. Que quienes impactan el entorno también contribuyan a restaurarlo», afirmó Chávez Velázquez. Estas acciones no solo inyectarán recursos a economías locales vulnerables, sino que integrarán medidas de adaptación al cambio climático, como la mejora en la resiliencia ante sequías, inundaciones y ciclones tropicales, que han intensificado sus efectos en regiones mexicanas.
La aprobación en la Cámara baja representa un paso firme en el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente su Objetivo 13 sobre acción climática, que insta a fortalecer capacidades de adaptación, educar sobre mitigación y movilizar fondos para naciones en desarrollo. En el ámbito nacional, refuerza el artículo 4 constitucional, que consagra el derecho a un ambiente sano, y complementa la Ley General de Cambio Climático al incorporar incentivos para la colaboración intersectorial.
Aunque la iniciativa original, presentada en febrero de 2025 y aprobada en comisión en septiembre, contemplaba explícitamente estímulos fiscales para participantes, el dictamen final deja abierta esa puerta para futuras precisiones legislativas. Analistas ambientales ven en esta reforma una oportunidad para posicionar a México como líder regional en tecnologías de captura de CO2, atrayendo inversiones y alineando al país con metas globales de descarbonización. El Senado será el siguiente filtro para que esta herramienta entre en vigor y comience a transformar la lucha contra el calentamiento global en acciones cotidianas.
