Chihuahua, Chih.– En un paso clave para combatir la impunidad en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, el Congreso del Estado aprobó por mayoría el exhorto impulsado por la diputada Leticia Ortega Máynez, de Morena. La propuesta obliga a la Fiscalía General del Estado a crear y publicar un protocolo específico para investigar delitos sexuales ocurridos en escuelas, guarderías y otros centros de cuidado, incorporando enfoques de infancia, género y derechos humanos. Esta medida surge ante la alarmante incidencia de estos crímenes en entornos donde las víctimas deberían encontrar protección.
La legisladora, quien ha liderado varias reformas en materia de protección infantil desde su llegada al Congreso en 2021, argumentó durante la sesión que estos abusos representan el colmo del abuso de poder. «En instituciones educativas o de cuidado, los agresores aprovechan su autoridad o cercanía para destruir la confianza y la integridad de los menores. Basta una sola agresión para dejar secuelas irreversibles», enfatizó Ortega Máynez, respaldada por datos que pintan un panorama sombrío en Chihuahua.
Cifras que exigen acción inmediata
Los números no mienten y revelan una crisis que el estado no puede ignorar. De acuerdo con la ficha técnica Infancia y Adolescencia en Chihuahua 2024, elaborada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 2022 se contabilizaron 915 denuncias de violencia sexual contra personas de uno a 17 años. El 97.4 por ciento de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, y al menos 30 de estos episodios ocurrieron dentro de escuelas primarias y secundarias. Estas estadísticas posicionan a Chihuahua como una de las entidades federativas con mayor tasa de incidencia, superando la media nacional en un 25 por ciento, según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El exhorto aprobado también rescata un caso reciente que expuso las grietas del sistema. En abril de 2025, la Fiscalía abrió 71 carpetas de investigación por abuso sexual y maltrato en guarderías de Ciudad Juárez, tras denuncias colectivas de padres de familia. Ese escándalo, que involucró a al menos cinco centros infantiles, dejó al descubierto la carencia de guías claras para recolectar pruebas sin revictimizar a los menores. «Sin protocolos adaptados, las investigaciones se diluyen y los culpables quedan libres», advirtió la diputada, quien revisó personalmente los nueve lineamientos vigentes de la Fiscalía y constató que ninguno aborda estos escenarios con sensibilidad hacia la niñez.
Esta no es la primera iniciativa de Ortega en este frente. En abril pasado, la morenista promovió una reforma al Código Penal para endurecer penas en abusos cometidos en albergues y estancias, elevando las sanciones hasta en dos terceras partes. Aquella propuesta, aprobada en comisiones, se complementa ahora con este exhorto, que busca no solo castigar, sino prevenir y atender desde el origen de la denuncia.
Un modelo internacional para cerrar el vacío legal
El documento legislativo detalla con precisión qué debe contener el nuevo protocolo. Debe priorizar la perspectiva de la víctima, evitando interrogatorios que generen más trauma, y promover entrevistas forenses con especialistas en psicología infantil. Además, insta a la Fiscalía a capacitar a sus agentes en metodologías que respeten el desarrollo emocional de los testigos menores, como el uso de dibujos o juegos para recabar testimonios.
Como referente, el exhorto cita el Nuevo Protocolo para la Investigación de la Violencia Sexual, impulsado por Justicia Respuesta Rápida y la Red de Fiscales Iberoamericanos. Este instrumento, probado en varios países de la región, enfatiza la recolección de evidencia científica sin presiones y la coordinación con equipos multidisciplinarios. «Adoptar estos estándares no es un lujo, es una obligación para alinear a Chihuahua con compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño», precisó Ortega, quien urgió a la Fiscalía a publicar el protocolo en un plazo no mayor a seis meses.
Expertos en derechos humanos aplaudieron la medida. La presidenta del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Laura González, señaló en un comunicado que «este avance fortalece la confianza en las instituciones y podría reducir la subnotificación, que hoy alcanza el 80 por ciento en casos similares». Por su parte, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigieron que el diseño incluya voces de sobrevivientes y pedagogos, para evitar que el protocolo quede en papel.
La aprobación unánime en el pleno legislativo, con apoyo de todos los grupos parlamentarios, refleja un consenso raro en temas sensibles. Ahora, el balón está en la cancha de la Fiscalía, encabezada por el fiscal César Jáuregui . Fuentes cercanas al organismo indicaron que ya se analiza la propuesta, con miras a una implementación piloto en Juárez, el municipio más afectado.
Ortega Máynez cerró su intervención con un llamado directo a la sociedad: «Proteger a la infancia no es solo tarea del Estado, sino de todos. Denunciar salva vidas». Con este exhorto, Chihuahua da un paso firme contra la sombra de la impunidad, pero el verdadero desafío será medir su impacto en las aulas y guarderías del estado. Solo el tiempo dirá si estas palabras se traducen en justicia tangible para los más vulnerables.
