JERUSALÉN, Israel. — Amnistía Internacional acusó formalmente al gobierno de Israel de ejecutar una campaña sistemática de limpieza étnica contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, con el objetivo de consolidar la anexión definitiva de dicho territorio.
A través de un extenso informe de 149 páginas publicado este miércoles, la organización de derechos humanos sostiene que el desplazamiento forzado de miles de civiles no responde únicamente a incidentes aislados protagonizados por colonos radicales, sino a una política estatal coordinada y dirigida desde los niveles más altos del poder público israelí.
El dosier documenta que, entre enero de 2023 y abril de 2026, al menos 117 comunidades palestinas, predominantemente beduinas y pastoriles, sufrieron despoblación total o parcial en el Área C, una zona que abarca más del 60 por ciento de Cisjordania. Según datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas citados en la investigación, cerca de 5 mil 910 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares debido al hostigamiento constante, la destrucción de infraestructura básica y los ataques armados.
La organización detalla que los asentamientos y puestos de avanzada establecidos por civiles israelíes no podrían prosperar sin el respaldo logístico, financiero y militar del Estado. El documento expone un incremento exponencial en la formalización de asentamientos desde 2023, promediando cerca de 17 mil viviendas promovidas al año, frente a la demolición de más de 3 mil 400 estructuras palestinas en el mismo periodo. Amnistía Internacional enfatiza que estas acciones configuran crímenes de guerra por deportación ilegal y crímenes de lesa humanidad.
La respuesta internacional ante el reporte reitera las posturas históricas en el conflicto. La gran mayoría de los gobiernos y organismos globales consideran ilegales todos los asentamientos en territorios ocupados conforme al derecho internacional. Por su parte, la administración de Israel rechaza los señalamientos de expulsión deliberada, define a Cisjordania como un territorio en disputa y sostiene que la delimitación final y el estatus de la región deben resolverse exclusivamente a través de negociaciones directas entre las partes involucradas.
