Chihuahua, Chih. – En un mes marcado por la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ejecutó 45 órdenes de aprehensión en la capital del estado, un golpe directo a presuntos responsables de delitos que van desde violencia familiar hasta agresiones sexuales agravadas.
Los mandatos, emitidos por jueces del Distrito Judicial Morelos a petición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), reflejan la presión acumulada de denuncias que, en lo que va de 2025, superan las miles en todo el estado.
Más allá de las detenciones, octubre dejó un rastro de actividad febril: dos mil entrevistas cara a cara con víctimas y testigos, 790 citaciones que obligaron a comparecer a posibles implicados y la localización de 43 personas reportadas como ausentes, muchas de ellas bajo el Protocolo Alba que activa búsquedas inmediatas.
Estas cifras no son frías estadísticas. Detrás de cada citación hay una mujer que, por primera vez, se atreve a romper el silencio; detrás de cada localización, una familia que recupera la esperanza.
Escudo de papel que salva vidas
En paralelo, la FEM blindó a las más vulnerables con 222 órdenes de protección y 74 medidas adicionales, herramientas legales que prohíben al agresor acercarse, comunicarse o portar armas. En un estado donde los feminicidios siguen sumando –82 en Juárez sola hasta septiembre–, estas barreras son la diferencia entre la amenaza latente y la posibilidad de respirar sin miedo.
Octubre no fue un mes aislado. En el primer cuatrimestre de 2025, la FEM ya había cumplimentado 618 aprehensiones estatales; en julio, la cifra rebasaba el millar. Pero las detenciones son solo la punta del iceberg: en Juárez, más de seis mil mujeres denunciaron violencia sexual, familiar o feminicida en nueve meses. Y aunque Chihuahua presume avances –sentencias de hasta 70 años por feminicidio de menores–, la impunidad aún ronda en colonias como Riberas del Bravo o Parajes de San José.
La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva insiste en que la FEM trabaja “24/7”, pero legisladoras como Edith Palma reclaman coordinación real en la Sierra Tarahumara, donde desplazamientos forzados y desapariciones indígenas claman por justicia.
Mientras tanto, cada orden de protección firmada es un recordatorio: la guerra contra la violencia de género se libra puerta por puerta, denuncia por denuncia, en una ciudad que se niega a seguir contando cuerpos.
