Chihuahua, Chih.- El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua denunció la persistencia de graves rezagos y falta de resolución en los trámites de pensión para adultos mayores por parte de la Delegación de Programas para el Bienestar en la entidad. Los liderazgos partidistas expusieron de manera pública las deficiencias operativas de la dependencia federal, argumentando que las dilaciones administrativas violentan los derechos constitucionales de los sectores más vulnerables de la población chihuahuense.
Falta de resolución institucional
El dirigente municipal del tricolor en la capital, Pedro Beristain, expuso de manera particular el caso de la ciudadana Martina Barrón, una adulta mayor cuyo expediente acumula más de cinco años sin una respuesta positiva ni la asignación de sus apoyos económicos correspondientes. El líder partidista señaló que, a lo largo de este periodo, la afectada ha sido canalizada de forma reiterada entre distintas oficinas y ventanillas de atención sin recibir una determinación definitiva, lo que a su juicio refleja una marcada insensibilidad y una evidente ineficiencia burocrática por parte del personal de la delegación local.
Exigencia a la titularidad de la dependencia
Ante este panorama de parálisis administrativa, la dirigencia del partido emitió un reclamo directo hacia Mayra Chávez, titular de la Delegación del Bienestar en Chihuahua, exigiendo una auditoría interna y la liberación inmediata de los apoyos rezagados. Beristain calificó como inaceptable el hecho de que un ciudadano en edad avanzada deba recorrer oficinas gubernamentales durante un lustro para hacer valer una garantía constitucional, recibiendo a cambio únicamente excusas técnicas y promesas que no se traducen en el beneficio económico establecido por la ley.
Respaldo parlamentario y de derechos
A la denuncia institucional se sumó el posicionamiento del presidente estatal del partido y diputado federal, Alejandro Domínguez, quien instó a la estructura de la dependencia federal a corregir los mecanismos de atención ciudadana para transitar hacia un esquema más humano y eficiente. El legislador federal remarcó que el acceso a los programas sociales no debe ser administrado bajo criterios de concesión política o favores institucionales, sino como una obligación legal del Estado mexicano, por lo que urgió a la delegación a destrabar todos los expedientes que se encuentran en condiciones de congelamiento procesal en el estado.
