Chihuahua, Chih.- El diputado local Carlos Olson afirmó que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, incurrió en omisiones graves al no denunciar oportunamente las irregularidades relacionadas con el adeudo del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores municipales, señalando que dicha inacción convierte a la actual administración en cómplice político y administrativo de la gestión encabezada anteriormente por Armando Cabada. El señalamiento se presentó formalmente durante el desarrollo de la reunión de trabajo celebrada ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Chihuahua.
De acuerdo con la postura del legislador del Partido Acción Nacional, las respuestas ofrecidas por el presidente municipal durante el ejercicio de rendición de cuentas evidenciaron inconsistencias respecto al conocimiento del marco legal y las responsabilidades que competen al titular del Ayuntamiento. El congresista argumentó que conocer un pasivo financiero de esa magnitud y no promover los recursos legales conducentes para fincar responsabilidades en contra de los exfuncionarios involucrados constituye una falta directa a la obligación de proteger el patrimonio público.
La bancada de oposición sostuvo que el encuentro técnico dejó interrogantes sin resolver, debido a que el edil juarense reconoció haber tenido conocimiento del requerimiento del Sistema de Administración Tributaria sin haber iniciado los procedimientos administrativos o penales para deslindar culpas por el desvío de los recursos retenidos. Olson insistió en que el caso no puede limitarse a justificaciones de carácter político, ya que las afectaciones financieras repercuten de manera directa en la capacidad del municipio para dotar de obras y servicios públicos a las familias de la frontera.
Tras concluir la mesa de debate institucional, el bloque parlamentario demandó que las investigaciones se extiendan hasta las últimas consecuencias ante las instancias fiscalizadoras correspondientes. La representación legislativa concluyó que la complacencia ante las irregularidades heredadas erosiona la confianza ciudadana, por lo que reiteraron el llamado a auditar de manera profunda el destino final de las retenciones salariales y a determinar sanciones formales para evitar que se comprometa el presupuesto destinado al equipamiento de la localidad.
