Ciudad Juárez, Chihuahua.- Naomi Yamilé R.P., exasistente educativa de la guardería Techo Comunitario, ubicada en la colonia Toribio Ortega, acumula ya una sentencia total de 132 años y cuatro meses de prisión luego de ser declarada culpable en ocho procesos judiciales por delitos sexuales cometidos contra menores que estaban bajo su cuidado.
De acuerdo con el avance de las investigaciones y los fallos emitidos por los tribunales, la mujer fue encontrada responsable de violación y abuso sexual en perjuicio de varios niños que asistían a la estancia infantil. Las agresiones ocurrieron al interior del plantel, según las denuncias presentadas por los padres de las víctimas.
Inicialmente, Naomi Yamilé R.P. había obtenido tres sentencias absolutorias; sin embargo, estas resoluciones fueron revocadas tras un nuevo análisis realizado por el tribunal de enjuiciamiento, lo que abrió la puerta a fallos condenatorios adicionales en su contra. Con el desarrollo de los distintos procesos, las autoridades judiciales han sumado condenas derivadas de cada uno de los casos, alcanzando la cifra total de 132 años y cuatro meses.
La exasistente educativa permanece en prisión preventiva desde julio de 2023, cuando fue detenida tras las primeras denuncias por las agresiones. Desde entonces, los expedientes han avanzado de manera progresiva, permitiendo que las fiscalías especializadas en delitos contra menores integraran las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones.
Las autoridades han destacado que los hechos involucraron a múltiples víctimas, todas ellas niños que acudían regularmente a la guardería Techo Comunitario, un centro que funcionaba como estancia infantil en la zona. Las investigaciones establecieron la responsabilidad directa de la imputada en los abusos, lo que derivó en la acumulación de sentencias por cada uno de los procesos judiciales concluidos hasta el momento.
Hasta ahora, los tribunales han emitido fallos en ocho casos distintos, consolidando una de las sanciones más elevadas en la región por delitos de esta naturaleza. La defensa de la sentenciada aún podría interponer recursos legales contra las resoluciones, aunque la mayoría de los procesos ya han alcanzado firmeza en sus etapas iniciales.
Este caso ha generado atención en la comunidad de Ciudad Juárez, donde organizaciones de protección a la infancia han exigido mayor supervisión en estancias infantiles y guarderías para prevenir situaciones similares. Las autoridades judiciales continúan revisando si existen elementos para integrar nuevos procesos relacionados con las mismas víctimas o posibles cómplices.
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