Chihuahua, Chih.- En el estado más grande de México, el agua se concentra en manos de un grupo reducido de agroindustriales, exgobernadores y empresas transnacionales, dejando a comunidades rurales y ejidos sin acceso durante una sequía que afecta al 83% del territorio nacional. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que el 2% de los usuarios controlan el 70% de las concesiones hídricas, un desequilibrio impulsado por la Ley de Aguas Nacionales de 1992 que privatizó el recurso y facilitó su compraventa.
Entre los principales responsables destacan familias como los LeBarón, de origen mormón y asentados en la región norte, con 150 registros autorizados por Conagua que suman 47 millones de metros cúbicos anuales, equivalentes a 19 mil albercas olímpicas. De estos, 64 son títulos de aguas nacionales y 86 constancias de libre alumbramiento, muchas otorgadas durante el sexenio de César Duarte (2010-2016), cuando Alex LeBarón fungió como titular estatal de Conagua y su esposa, Brenda Ríos, como delegada de Semarnat. Comunidades en Ascensión denuncian que 80 pozos irregulares de los LeBarón han secado acuíferos locales, afectando a miles de campesinos.
Otro caso emblemático es el del exgobernador César Duarte, cuya propiedad en el rancho El Saucito, municipio de Balleza, acumula presas y represas ilegales. En noviembre de 2025, Conagua demolió una de estas estructuras, desfogó el agua almacenada en dos más y clausuró un pozo y una toma superficial sin permisos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por «robo de agua estatal», destacando que Duarte obtuvo un amparo en 24 horas de una jueza local, Mady Estrada. Familias ligadas a exgobernadores priistas, como los Baeza Terrazas, también figuran en denuncias por acaparamiento en el distrito de riego 005, donde controlan presas como La Boquilla y Las Vírgenes.
El mecanismo principal es la obtención masiva de concesiones individuales a través de decretos presidenciales, adhesiones, transmisiones de derechos y litigios judiciales. En Chihuahua, entre 2013 y 2018 se registraron más de 4 mil constancias en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), muchas para pozos ilegales en zonas despobladas. Se suma el «aguachicoleo», extracción ilegal de canales como el que lleva agua al Río Bravo para cumplir el Tratado de 1944 con Estados Unidos, y el desvío de aguas superficiales a un mercado negro sin supervisión. Corrupción en Conagua ha permitido que el 7% de usuarios concentren el 70% del volumen nacional, con vínculos políticos que extienden trámites para exigir sobornos.
El propósito radica en el lucro agroindustrial: 53 concesiones de los LeBarón se destinan a nogales, un cultivo que consume hasta 10 mil litros por kilogramo y genera multimillonarios en exportaciones, pero no beneficia la canasta básica local. Empresas como Grupo México (minera Buenavista del Cobre), Kimberly Clark y FEMSA acaparan volúmenes similares para procesos industriales, exacerbando la sobreexplotación de acuíferos en un estado con estrés hídrico crónico. Esto obliga a 16 mil agricultores a protestar por presas bloqueadas, como en 2020 y 2021, para evitar envíos a EE.UU. que dejan sin riego al ciclo agrícola.
La crisis se agrava por el aumento de áreas cultivadas pese a la sequía, pasando de valles fértiles a desertificación en la Sierra Tarahumara. Ciudadanos, como el colectivo en Ascensión, exigen vigilancia comunitaria y una línea de denuncias exclusiva, mientras el Congreso local discute reformas para priorizar ejidatarios. En diciembre de 2025, Morena impulsa cambios a la Ley de Aguas para combatir irregularidades, aunque enfrenta resistencia de bloques agropecuarios. Sin intervención federal, expertos advierten que el 41% de mexicanos sin agua potable diaria podría extenderse a más regiones norteñas.
