Bogotá, Colombia.- A dos días de que un sismo de magnitud 7.4 sacudiera el occidente de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que declarará un estado de emergencia económica para enfrentar la tragedia. Durante su primera rueda de prensa tras asumir el poder el viernes anterior, en la cual no aceptó preguntas, detalló que esta medida excepcional impulsará acciones de reactivación económica en la zona afectada.
El mandatario actualizó el saldo de víctimas y daños, informando sobre 265 personas muertas, 496 desaparecidas, 3,494 heridos y 25,872 familias afectadas. Para canalizar la ayuda nacional e internacional, el jefe de Estado indicó que se establecerá una entidad denominada Fondo Milagro.
Pese a recibir las finanzas nacionales en medio de una crisis fiscal, el presidente aseguró que se realizarán esfuerzos presupuestales enfocados en las regiones más golpeadas. Entre las acciones previstas destacan el pago de servicios públicos para familias damnificadas, subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y financieros, respaldo a comerciantes y ayudas económicas para los sectores más vulnerables, además de medidas orientadas a generar oportunidades de empleo.
Tanto sectores del oficialismo como de la oposición coincidieron en la necesidad de implementar esta figura constitucional, la cual facultará al presidente para expedir decretos con fuerza de ley con el fin de efectuar cambios institucionales urgentes. Si bien el mandatario ya había decretado una situación de desastre para agilizar contrataciones y traslados de recursos, la emergencia económica otorga un margen de acción superior en ámbitos tributarios y burocráticos.
Esta decisión guarda paralelismos con los acontecimientos de 1999, cuando un terremoto en la misma región dejó más de un millar de fallecidos y el entonces presidente Andrés Pastrana decretó un estado similar que permitió la creación del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), encargado de reconstruir viviendas, reubicar familias y reactivar la economía local.
La nueva declaratoria deberá someterse a la revisión de la Corte Constitucional. Frente a los precedentes judiciales en los que el tribunal tumbó declaraciones previas por amenazar el sistema de pesos y contrapesos, De la Espriella prometió que todas las decisiones bajo este régimen se tomarán en estricto respeto a la Constitución y la ley.
