Ciudad de México.— Este 27 de marzo de se cumplen tres años del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, 27 hombres resultaron lesionados con secuelas de por vida y 15 mujeres sobrevivientes cargan con traumas permanentes.
El hecho ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023, cuando un incendio se desató en el área de hombres de la instalación migratoria. Organizaciones de derechos humanos lo consideran una de las violaciones más graves a los derechos de las personas migrantes en la historia reciente de México.
Salvador Guerrero Navarro, coordinador de la Clínica Jurídica “Alaíde Foppa” para Personas Refugiadas del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, señaló que el incendio no fue un hecho aislado, sino la expresión de una política migratoria basada en la contención y la persecución.
«El Estado mexicano despliega a cientos de agentes migratorios, junto con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, que conforman el llamado ‘muro vertical’ para restringir la movilidad de sur a norte”, explicó.
Según Guerrero Navarro, la reacción oficial tras la tragedia fue fragmentada. La narrativa inicial apuntó a culpar a los propios migrantes, sin atender el contexto de hacinamiento, las condiciones de detención ni la persecución contra personas en situación irregular. Aunque se abrió una investigación penal contra el entonces titular del INM, este continuó en el cargo durante meses.
La Clínica Jurídica “Alaíde Foppa”, junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Derechos Humanos Integrales en Acción, ha acompañado el caso en diversas instancias judiciales.
A tres años de distancia, las organizaciones reclaman una agenda integral de justicia que incluya modificaciones legislativas, políticas públicas amplias y medidas de no repetición.
Entre las demandas destacan: reformar los lineamientos de las estaciones migratorias, eliminar el régimen de detención como regla general, crear un registro público de personas detenidas por motivos migratorios y abrir vías efectivas de regularización, como las Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias, cuya emisión ha sido restringida ilegalmente desde 2023, según denuncian.
“La solución a la detención migratoria no es quitar candados o pintar las estaciones. Es dejar de usar la fuerza del Estado para la contención migratoria”, afirmó Guerrero Navarro.
Las organizaciones proponen eliminar las estaciones migratorias, fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y priorizar políticas regionales centradas en la protección de las personas en movimiento, en lugar de la restricción.
Hasta ahora, persiste la impunidad en varios niveles y no se han realizado cambios estructurales profundos en la política migratoria, pese a las promesas oficiales de reparación y prevención.
“Seguimos reclamando justicia para las víctimas y un profundo cambio en el trato que se le brinda a las personas migrantes en México”, concluyó el coordinador de la clínica jurídica, en una colaboración editorial para El Universal.
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