Chihuahua, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, responsabilizó directamente a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo y a la administración del partido Morena por frenar las intervenciones estatales destinadas a reforzar la seguridad pública y combatir la delincuencia en esa región de la Sierra Tarahumara.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la mandataria estatal arremetió contra la gestión municipal y la doctrina del partido oficialista, al señalar que la falta de resultados e intervenciones oportunas en la zona serrana responde a una política de bloqueo sistemático impuesta desde el propio ayuntamiento local.
«Guadalupe y Calvo está gobernado por Morena, es porque Morena tiene el pueblo de Guadalupe y Calvo desde hace ya más de cuatro años, donde la misma alcaldesa no nos ha permitido, a través de manipulaciones y a través de mentiras, como es Morena, como es la 4T, como es ella misma, nos ha impedido trabajar para brindarle seguridad a Guadalupe y Calvo», aseveró la titular del Ejecutivo estatal.
Las declaraciones de la gobernadora se dan en el contexto de una creciente preocupación por el clima de violencia e inseguridad que impacta a las comunidades de la región sur de la entidad, caracterizada por la presencia de grupos delictivos y la complejidad geográfica del territorio serrano. De acuerdo con la postura del Gobierno del Estado, la coordinación operativa entre las fuerzas estatales y los mandos municipales se ha visto severamente vulnerada por posturas políticas e institucionales adoptadas por el gobierno local de extracción morenista.
Campos Galván enfatizó que, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por desplegar operativos de vigilancia y pacificación, la falta de disposición y las descalificaciones de las autoridades municipales han obstaculizado la implementación de planes integrales de protección para las familias de la localidad. La mandataria reiteró que la seguridad de los habitantes no debe estar sujeta a intereses partidistas ni a narrativas ideológicas que entorpezcan el trabajo de las corporaciones policiales.
