Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal que incrementa de forma sustancial las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas y ocasionen lesiones o fallecimientos. La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, contempla condenas que alcanzarán hasta los 13 años de cárcel.
El ajuste normativo contempla los incrementos de mayor severidad para los operadores del transporte público y de carga. En los casos donde estos conductores incurran en homicidio imprudencial, la sanción pasará del rango previo de 4 a 12 años a una pena de 4 a 13 años de prisión. Asimismo, si ocasionan lesiones a terceros en el ejercicio de sus funciones, la condena se eleva de 3 a 10 años a un margen de 3 a 11 años de libertad privada.
La reforma penal endurece de igual forma los castigos para particulares que conduzcan en tercer estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes. Si el siniestro resulta en la muerte de dos o más personas, la penalidad previa de 3 años y medio a 8 años se incrementa a un rango de 3 a 10 años de prisión, además de la aplicación de sanciones económicas. Para los casos de homicidio imprudencial simple en estas mismas condiciones de intoxicación, la pena máxima se eleva de 8 a 9 años de cárcel.
Adicionalmente, la nueva legislación tipifica supuestos que anteriormente no contaban con un marco punitivo específico. A partir de la entrada en vigor de la reforma, cualquier guiador en primer o segundo estado de ebriedad que provoque lesiones o la muerte, abandone a la víctima en el sitio o supere por más de 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido, enfrentará penas de 1 a 7 años de prisión y multas de 40 a 120 días.
Al respecto, la legisladora Xóchitl Contreras señaló que el objetivo central de la reforma es inhibir una conducta que pone en riesgo constante a la población y garantizar la protección de las familias. Argumentó que el endurecimiento de los castigos busca alinearse con la gravedad del daño generado a las víctimas y sus deudos, estableciendo consecuencias jurídicas severas para quienes tomen la decisión de manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
