Chihuahua, Chih.- Los exalcaldes y liderazgos del Partido Acción Nacional, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, acudieron a la capital del estado para interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien señalan por la presunta comisión de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
La acusación formal se centra en la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas para el municipio fronterizo, un esquema operativo que, de acuerdo con los promoventes, implicó un daño al erario superior a los 100 millones de pesos. Los denunciantes sostienen que el costo pagado por el alquiler de la maquinaria supera de forma desproporcionada el valor comercial que habría representado la adquisición directa de las unidades para el equipamiento de la ciudad.
Según consta en la carátula y los anexos del recurso legal presentado, la administración municipal celebró un contrato con una vigencia de 29 meses, comprendido del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024, por un monto total adjudicado de 105 millones 600 mil pesos. El desglose financiero establece erogaciones por 33.6 millones de pesos en 2022, 36 millones en 2023 y 36 millones adicionales en los primeros ocho meses de 2024.
Galindo y Elizondo argumentaron que bajo este esquema de facturación se erogaron aproximadamente 13.5 millones de pesos por cada una de las ocho barredoras rentadas, cifra equivalente a casi 750 mil dólares por unidad a lo largo del periodo contratado. Al contrastar dicho costo con el valor de mercado, señalaron que una barredora nueva oscila en los 50 mil dólares, por lo que el presupuesto erogado en el arrendamiento habría alcanzado para comprar por lo menos 13 unidades propias para el municipio.
La querella incluye además cinco observaciones de carácter normativo y administrativo. Entre ellas destaca la ausencia de un estudio de factibilidad técnica y económica, legalmente obligatorio, que justificara la conveniencia de rentar en lugar de comprar. Asimismo, denunciaron el recorte de los tiempos en la licitación y la participación de un único concursante, lo que calificaron como un procedimiento dirigido y amañado.
Finalmente, los panistas argumentaron que la empresa adjudicada, PYPRA, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, carecía de la capacidad jurídica y operativa para cumplir con el contrato. Detallaron que al momento de la licitación su objeto social estaba restringido a bienes electrónicos y computacionales, además de contar con un tope legal de facturación anual de 4 millones de pesos por su categoría mercantil, monto sumamente distante de los 36 millones anuales que cobró al Ayuntamiento, sin que se acreditara la propiedad o registro de los vehículos ante el padrón correspondiente.
