Ruffo y la selectividad ante la ley
La presunción de inocencia y las garantías judiciales mínimas parecen haberse convertido en un privilegio de afiliación partidista en el México contemporáneo. La reciente detención de Ernesto Ruffo Appel sitúa al pionero de la alternancia en un complejo laberinto legal donde, más allá de la validez o el desenlace de las acusaciones penales en su contra, lo que queda al descubierto es la profunda asimetría con la que el aparato de justicia del Estado opera según el color del carnet político. Sostener la necesidad de un debido proceso para el exgobernador no implica una exoneración anticipada de sus actividades empresariales, sino señalar la alarmante rapidez con la que el poder central moviliza sus recursos punitivos contra las figuras de la oposición, en contraste absoluto con la inacción y el cobijo institucional que reciben los liderazgos del partido oficialista ante señalamientos de similar o mayor gravedad.
La inmunidad para Rocha Moya
El mapa de las omisiones ministeriales dibuja una ruta clara que abarca desde el noroeste hasta el golfo de México. En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya ha permanecido bajo el cobijo de la estructura federal a pesar de las insistentes menciones y filtraciones procesales que vinculan la estabilidad de su gestión con facciones del crimen organizado. Una situación paralela se observa en Baja California con Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuyos presuntos audios y señalamientos sobre filtración de información de seguridad nacional a agencias extranjeras no han provocado el inicio de una sola carpeta de investigación formal en el ámbito local o federal. En Sonora, la gestión de Alfonso Durazo Montaño camina con la misma tranquilidad administrativa, impermeable a los cuestionamientos sobre el crecimiento de las economías criminales en su territorio, confirmando que la lealtad al proyecto de la llamada cuarta transformación funciona como un escudo de impunidad procesal.
Manto protector a morenistas
La selectividad de la justicia se extiende con el mismo rigor protector hacia el este del territorio. En Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya transitó hacia el poder en medio de recurrentes denuncias y expedientes sobre el presunto financiamiento irregular de sus campañas mediante redes ligadas al contrabando de combustibles, las cuales jamás fueron desahogadas con el rigor penal que hoy se aplica en Ensenada. A nivel cupular, el dirigente formal de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acumulan señalamientos que van desde la gestión de recursos de dudosa procedencia hasta el uso político de las estructuras de seguridad, sin que el Ministerio Público Federal muestre el menor asomo de la prisa y la espectacularidad mediática que caracterizan a los operativos dirigidos contra la disidencia política.
Justicia selectiva, instrumento de control
Esta disparidad de criterios evidencia que el sistema judicial no opera bajo el principio de ceguera ante la ley, sino como una oficina de control político y disciplinario. No es posible determinar a priori la culpabilidad o inocencia de Ruffo Appel respecto a las operaciones de la firma transportadora en el norte del país, pero la celeridad de su captura sirve al régimen para enviar un mensaje de fuerza y construir distractores públicos. Al mismo tiempo, el silencio hermético en torno a los gobernadores y dirigentes de Morena institucionaliza una doble moral donde la ley se aplica a secas para los adversarios y la gracia de la omisión total se reserva para los amigos, vaciando de contenido el ideal democrático del debido proceso.
Las agendas ministeriales y la prisa facciosa
Cuando se trata de un adversario político, los tiempos del Ministerio Público parecen acelerarse de forma milagrosa. En el caso de Ruffo Appel, la integración de la carpeta derivada de los acontecimientos de Coahuila avanzó con una minuciosidad y rigor que contrasta fuertemente con la parálisis burocrática que congela cualquier denuncia dirigida al entorno presidencial. Esta presteza institucional para ejecutar órdenes de aprehensión por la tarde y asegurar propiedades en Ensenada evidencia que la ley penal en México es utilizada con un criterio de oportunidad política, buscando el máximo impacto mediático en momentos estratégicos para minar la credibilidad de las siglas de oposición.
La erosión a la presunción de inocencia
El linchamiento mediático coordinado desde las plataformas oficiales vulnera de manera sistemática el principio constitucional que dicta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los opositores, la narrativa gubernamental tiende a declararlos culpables mucho antes de que un juez examine la primera prueba, utilizando los aparatos de comunicación del Estado para fijar un veredicto definitivo ante la opinión pública. Esta práctica erosiona el tejido democrático y destruye la posibilidad de un juicio justo, ya que los juzgadores actúan bajo la enorme presión de una estructura política que exige sentencias condenatorias inmediatas para validar sus discursos de honestidad.
Las omisiones en la corrupción interna
El desdén con el que el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República abordan las denuncias contra sus propios militantes confirma que la lucha contra la impunidad es una simulación orientada a la consolidación hegemónica. Mientras que para un exgobernador del PAN se despliegan fuerzas federales y mandos ministeriales en operativos de alta visibilidad, para los secretarios de Estado, gobernadores vigentes y directores de empresas públicas adscritos al oficialismo basta una declaración de respaldo en las conferencias matutinas para sepultar cualquier sospecha legal. Esta protección oficial no solo deslegitima las instituciones de procuración de justicia, sino que envía un mensaje de absoluta permisividad para quienes operan bajo las siglas correctas.
Urge una justicia auténtica y sin etiquetas
Para que el Estado de derecho recupere su viabilidad, es indispensable exigir que los tribunales recuperen su autonomía y apliquen los mismos estándares de rigor analítico y celeridad procesal a todos los ciudadanos por igual. La culpabilidad o inocencia de Ernesto Ruffo Appel debe ser el resultado exclusivo de un debate jurídico robusto, libre de consignas políticas y basado en evidencias científicas e irrefutables. El verdadero termómetro del avance democrático en el país no se medirá por cuántos líderes de la oposición son exhibidos ante las cámaras de televisión, sino por la capacidad del sistema judicial para sentar en el banquillo de los acusados a aquellos miembros del partido en el poder que hoy disfrutan de una patente de corso judicial.
