Ciudad de México.- El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico y posesión de armamento de uso exclusivo militar, luego de que el gobierno norteamericano promoviera una solicitud formal de detención provisional con fines de extradición en su contra.
La entrega del exmando policiaco se registró este viernes en la frontera con San Diego, California, apenas tres días después de haber comparecido en la Ciudad de México ante la Fiscalía General de la República, donde declaró públicamente tener la conciencia tranquila y estar dispuesto a aclarar su situación jurídica en el extranjero. La acción legal se deriva de una acusación formal radicada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se le imputa pertenecer a una lista de diez exfuncionarios y altos perfiles sinaloenses con requerimientos judiciales vigentes.
Según las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Almanza Avilés presuntamente operaba dentro de las nóminas de protección del Cártel de Sinaloa bajo la clave interna R1 durante el periodo de 2017 a 2022, lapso en el que fungió como jefe del brazo investigador de la Fiscalía estatal. El expediente estadounidense sostiene que el implicado recibía presuntos sobornos mensuales estimados en 300 mil pesos a cambio de permitir el libre tránsito de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, facilitar la liberación de miembros retenidos de la organización criminal y dirigir operativos contra facciones rivales.
Con este hecho, el exjefe de la corporación ministerial se convierte en el tercer exfuncionario de la estructura estatal que se pone a disposición de la justicia norteamericana por este caso, tras las entregas previas del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y del extitular de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. En caso de ser encontrado culpable de los delitos de conspiración para importar sustancias controladas y conspiración para poseer dispositivos destructivos, el exmando policial podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión o una pena máxima de cadena perpetua en la Unión Americana.
