Chihuahua, Chih.- Los centros patronales de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Chihuahua emitieron un posicionamiento conjunto para exigir imparcialidad institucional y respeto irrestricto al Estado de Derecho, en medio de la controversia generada por las investigaciones que realiza la federación en torno a mandatarios estatales.
El pronunciamiento formal, respaldado por los centros empresariales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes, surgió como respuesta directa a los cuestionamientos lanzados desde el Partido Acción Nacional hacia el sector privado por mantenerse al margen de las movilizaciones de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Horas antes de la difusión del desplegado, el presidente de Coparmex Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, había anticipado que el empresariado organizado de la entidad no participaría en actos de respaldo político ni en movilizaciones a favor de la mandataria estatal. Esta declaración provocó la reacción de la coordinadora de regidores del PAN, Isela Martínez, quien reclamó públicamente una postura más firme al sector corporativo y calificó la actitud de los líderes de negocios como tibia.
Ante los señalamientos de la dirigencia panista, el bloque de organizaciones empresariales manifestó su profunda preocupación por la manera en que las instituciones del gobierno federal han conducido los casos y carpetas de investigación relacionados con los estados de Chihuahua y Sinaloa. El empresariado demandó de forma enérgica que todas las autoridades competentes actúen bajo los mismos criterios legales, eliminando cualquier diferencia política o interpretación de carácter partidista en la aplicación de la justicia.
En su mensaje, los presidentes de los organismos patronales advirtieron que cualquier percepción de trato desigual por parte del aparato de procuración de justicia federal afecta de manera directa la confianza institucional, deteriorando las condiciones necesarias para la atracción y retención de la inversión privada en la entidad.
Finalmente, el sector privado organizado sostuvo de manera puntual que los casos judiciales de Chihuahua y Sinaloa corresponden a contextos y realidades completamente distintas, por lo que hicieron un llamado a los actores políticos para evitar lecturas sesgadas que solo sirven para distraer la atención pública de los temas verdaderamente prioritarios para la comunidad, tales como la seguridad pública, el fomento a la inversión y la estabilidad económica regional.
