CHIHUAHUA, Chihuahua.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió y entregó una orden formal de comparecencia dirigida a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. El requerimiento de la autoridad ministerial capitalina cita a la mandataria estatal a una audiencia formal programada para el próximo viernes 29 de mayo de 2026 en las instalaciones de la fiscalía en la Ciudad de México, notificando que el procedimiento se desahogará bajo la condición técnica y procesal de imputada.
Este requerimiento judicial representa el segundo frente legal que se acumula contra la titular del Ejecutivo local en la misma semana. La orden ministerial es el resultado de la integración de la carpeta de investigación iniciada tras la denuncia penal interpuesta por el exgobernador Javier Corral Jurado, quien acusa a Campos Galván de los delitos de secuestro, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones por el fallido operativo policial ejecutado en agosto pasado en un restaurante de la colonia Roma en la capital del país.
Notificación en Palacio de Gobierno
El documento oficial fue entregado de manera física por notificadores ministeriales en las oficinas de Palacio de Gobierno en la capital de Chihuahua. La recepción consecutiva de este requerimiento y del emitido previamente por la Fiscalía General de la República —asociado al caso de la Sierra Tarahumara— motivó una reacción inmediata de la gobernadora a través de un mensaje en video, donde catalogó las acciones ministeriales como una cacería de brujas y una persecución de Estado coordinada para desgastar su gestión.
El abogado defensor principal, Roberto Gil Zuarth, informó que el equipo técnico legal promueve los recursos de amparo e incidentes de competencia jurisdiccional ante los juzgados federales para frenar la comparecencia del viernes 29 de mayo. La defensa argumenta que citar a una gobernadora en funciones en calidad de imputada viola la inmunidad procesal y el fuero constitucional consagrado en el artículo 111 de la Carta Magna, señalando que la fiscalía de la Ciudad de México carece de facultades para obligar el traslado físico de la mandataria sin un juicio de procedencia previo.
Repercusiones en el escenario político
La apertura de este segundo proceso penal ha acelerado las acciones de movilización del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en la entidad. Los comités organizadores de la marcha «Yo con Maru» indicaron que el nuevo citatorio en la capital del país incrementa los motivos de la concentración masiva convocada para el próximo sábado en la capital del estado, transformando el acto político en un reclamo formal contra lo que consideran un uso faccioso de las fiscalías locales y federales.
Las bancadas de oposición en el Congreso local respaldaron el blindaje de la gobernadora, mientras que la representación legislativa de Morena exigió que la funcionaria atienda los dos emplazamientos judiciales para deslindar responsabilidades de forma transparente. Los analistas nacionales advierten que la resolución de estos amparos constitucionales sentará un precedente técnico sobre los límites de la jurisdicción de las fiscalías estatales cuando investigan a mandatarios de otras entidades federativas.
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