CHIHUAHUA, Chihuahua.- El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, fue identificado formalmente en los registros comerciales de una empresa privada de seguridad que fue sancionada y bloqueada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó a la firma Grupo Especial Mamba Negra en su lista negra tras determinar que formaba parte de una sofisticada red de lavado de dinero operada por operadores financieros vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Los documentos oficiales norteamericanos indican que el funcionario estatal, quien posee el rango militar de general en retiro, aparece legalmente como integrante y representante de la referida corporación privada desde su constitución en febrero del año 2022. La investigación penal de las agencias estadounidenses señala que el control real de la proveedora de seguridad estaba en manos de un asesor financiero ligado a Armando de Jesús Ojeda Avilés, considerado un objetivo prioritario del Gobierno Federal por coordinar transacciones con recursos de procedencia ilícita en la región noroeste del país.
Argumento de estafa y deslinde del funcionario estatal
Tras la difusión pública de los expedientes internacionales, el subsecretario Fernández Acosta compareció ante los medios de comunicación locales para fijar su postura jurídica y deslindarse de cualquier nexo directo con la delincuencia organizada. El jefe de las prisiones chihuahuenses argumentó de manera formal que sus firmas e identidad corporativa fueron utilizadas mediante engaños, calificando la situación como una estafa operada por las personas que lo invitaron a participar originalmente en el proyecto de negocios.
El funcionario penitenciario aseguró que su incorporación a la sociedad mercantil se dio bajo la premisa de que se trataba de un emprendimiento ordinario de seguridad privada y consultoría técnica, desconociendo por completo las operaciones financieras alternas y la identidad real de los inversionistas principales de la firma. Los asesores del servidor público informaron que se preparan las acciones legales correspondientes para solicitar la aclaración de su estatus ante las instancias correspondientes y disolver cualquier vínculo comercial vigente con los implicados.
Impacto en el entorno político regional
Este hallazgo administrativo ha incrementado la tensión política en la entidad, sumándose a las revisiones institucionales que la Secretaría de la Función Pública local realiza sobre las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses del personal de mando de las corporaciones de vigilancia. Los bloques legislativos de oposición en el Congreso del Estado anunciaron que solicitarán un informe detallado a la titular del Ejecutivo para evaluar la permanencia del militar en retiro dentro de la estructura de mandos de la policía estatal.
La situación jurídica del subsecretario coincide con un periodo de alta fricción entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de la República por los esquemas de coordinación e intercambio de información en la zona de la Sierra Tarahumara. Los organismos empresariales de la entidad urgieron a que las indagatorias administrativas se conduzcan con celeridad para evitar que las dudas sobre los mandos penitenciarios afecten la confianza de la ciudadanía en las estrategias de pacificación de los centros de reinserción social.
Autor
PUBLICIDAD
