Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República emitió un citatorio formal para mandar a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de una investigación penal abierta por presuntos delitos de narcotráfico y nexos con el crimen organizado. Sin embargo, a diferencia de otros mandos estatales requeridos por la autoridad ministerial, el proceso de notificación del exmandatario sinaloense se mantiene bajo un estricto hermetismo institucional, existiendo dudas fundadas en los círculos políticos y periodísticos sobre si el documento legal realmente le fue entregado en propia mano.
El procedimiento se deriva de las investigaciones de la fiscalía federal respecto a las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las cuales vinculan a Rocha Moya y a miembros de su antiguo gabinete con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las indagatorias internacionales, el grupo delictivo habría operado de forma violenta para favorecer su elección en las urnas, recibiendo presunta protección política a cambio. Junto con el exgobernador, la orden de presentación abarca al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes carecen de fuero tras haber solicitado licencias definitivas a sus cargos a principios de mayo.
La falta de evidencias públicas sobre la recepción física del requerimiento por parte de Rocha Moya contrasta de manera directa con el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien también fue citada por la autoridad federal. En el caso chihuahuense, el acto de notificación quedó plenamente documentado mediante registros gráficos y comunicados de prensa en el Palacio de Gobierno, donde la mandataria firmó el documento de recibido frente a agentes federales y su equipo legal, confirmando su comparecencia para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.
Por el contrario, el paradero de Rubén Rocha Moya se ha manejado bajo reserva desde su separación del cargo, y la representación social federal no ha difundido actas de notificación firmadas ni imágenes que constaten el desahogo del trámite en propia mano. Corresponsales locales en Sinaloa reportan que, ante el aislamiento del político, el citatorio fechado este sábado 23 de mayo de 2026 pudo haber sido depositado únicamente en los despachos de sus representantes legales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del emplazamiento y el trato diferenciado ejercido por las instancias de procuración de justicia federal.
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