El caso más emblemático es el expediente FACH-043/2024, centrado en una investigación por enriquecimiento ilícito relacionada con una residencia de lujo en el fraccionamiento El Campestre, cuyo valor de mercado se estima en 26 millones de pesos. Aunque un juez ordenó recientemente levantar el aseguramiento físico del inmueble, la carpeta de investigación permanece abierta en etapa de integración. La fiscalía indaga una presunta red de prestanombres vinculada a excolaboradores cercanos que habrían facilitado la estancia del mandatario en la propiedad, la cual no guardaría proporción con sus ingresos declarados.
De manera paralela, el expediente FACH-012/2023, conocido como Mochilagate, documenta un presunto daño patrimonial de 50 millones de pesos por la compra de 250 mil kits escolares. Las auditorías técnicas señalan que la administración pagó precios de menudeo en una adquisición masiva a empresas que presentaban domicilios fiscales inexistentes. Este esquema de presunta simulación de servicios y sobreprecios ha llevado el caso a una fase de judicialización, donde se busca fincar responsabilidades por el delito de peculado contra quienes autorizaron los contratos.
Los contratos directos
En el rubro de conflictos de interés, destaca el folio FACH-029/2023, que rastrea la asignación de contratos directos por más de 6.5 millones de pesos a empresas ligadas a Iván Pérez Ruiz mientras fungía como funcionario de primer nivel. A esto se suma el expediente FACH-058/2024, que investiga el posible desvío de recursos del presupuesto de Comunicación Social para financiar la masiva campaña de espectaculares en todo el estado, lo cual constituiría una malversación de fondos públicos para fines de promoción personal anticipada.
Irregularidades en bacheo por 151 mdp: ASE
Finalmente, la Auditoría Superior del Estado mantiene abierto el expediente 034/2023 por irregularidades que ascienden a 151 millones de pesos en contratos de bacheo y limpieza, donde se detectaron pagos por obras no ejecutadas o materiales de baja calidad. Ante este escenario, el equipo legal del alcalde ha calificado los procesos como una persecución política impulsada desde el gobierno estatal; sin embargo, la existencia de folios específicos y etapas avanzadas de investigación administrativa y penal mantienen a la administración juarense bajo una presión institucional constante.