Ciudad de México.- Los senadores Marko Cortés (PAN) y Manuel Añorve (PRI) cuestionaron con dureza al Gobierno federal por no haber solicitado al Senado la autorización constitucional para el aterrizaje, el sábado 17 de enero de 2026, de un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
Ambos legisladores reprocharon a la presidenta Claudia Sheinbaum la omisión de este requisito, establecido en el artículo 89 fracción III de la Constitución, que exige aprobación senatorial para la entrada, permanencia o tránsito de tropas extranjeras en territorio nacional.
“La Constitución es muy clara: la presencia y operación de militares extranjeros en México debe informarse y contar con la autorización del Senado. Lo inaceptable es la falta de legalidad y transparencia”, afirmó Marko Cortés. El panista exigió respuestas a varias interrogantes: ¿Quién autorizó el ingreso del avión? ¿Cuántos elementos de fuerzas armadas extranjeras están en el país y con qué objetivo? ¿Qué implicaciones tienen los avisos del Gobierno estadounidense a la aviación civil sobre vuelos militares?
“El silencio del Gobierno federal genera desconfianza. Cooperación sí, opacidad no. La soberanía se defiende con legalidad y transparencia”, subrayó.Manuel Añorve coincidió al calificar de “muy grave” la opacidad y la ocultación de información hasta que surge presión pública. Recordó que la última autorización senatorial para ingreso de tropas estadounidenses fue del 30 de septiembre de 2025, para un adiestramiento que concluyó el 12 de diciembre. “Que una aeronave militar aterrice semanas después en un aeropuerto civil abre dudas legítimas sobre el alcance, la vigencia y la información compartida”, protestó.
El priista defendió que colaborar con Estados Unidos no viola la soberanía, sino que esta se protege mediante inteligencia, tecnología y cooperación real contra la inseguridad. Acusó a Morena de emplear una “narrativa falsa de soberanía” para encubrir incapacidad, lo que genera costos en confianza, imagen del país y riesgos para la aviación civil, el turismo y la economía.
El Ejecutivo aclaró que el vuelo formaba parte de actividades de capacitación autorizadas desde octubre de 2025 y no requería nueva consulta senatorial al no implicar tropas en operaciones.
Autor
PUBLICIDAD
